El SEPE, en el punto de mira: “Estamos ante un registro de parados más que un servicio para encontrar empleo”
Sindicatos y empresas coinciden en la urgencia de un cambio en los servicios públicos de empleo para que orienten y ayuden a la inserción laboral de los desempleados, que ahora recurren a otras vías
Si se encontrara en paro, ¿dónde buscaría empleo? Y, si fuera una empresa con una vacante, ¿dónde publicaría la oferta para cubrir el puesto de trabajo? Si se le ocurren varias opciones antes que acudir a los servicios públicos de empleo, replica una situación frecuente, consecuencia y lastre de uno de los problemas laborales que generan más consenso: las deficiencias del SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad. Sindicatos, empresarios y expertos coinciden en la urgencia de un cambio sustancial de este servicio público en un país con más de 2,7 millones de personas desempleadas, algo menos del 12% de paro, la tasa más alta de la Unión Europea.
“Estamos más ante un registro de parados que ante un servicio de empleo”, resumía esta semana Pepe Álvarez, líder de UGT, que reclamaba que las oficinas públicas acompañen a las personas desempleadas en la elaboración de un currículum, en la orientación personalizada para saber a qué sectores dirigirse y dónde hay más oportunidades de empleo para ellas, así como en la formación para ampliar sus conocimientos hasta que encuentran el siguiente trabajo.
Los servicios públicos de empleo tienen dos caras para las personas en paro. Por un lado, el SEPE –organismo estatal–, que gestiona la protección por desempleo a los ciudadanos, ya sea la prestación o algún otro tipo de subsidio. Es lo que se conoce como la política “pasiva” del desempleo. Por otro lado, están las oficinas públicas de empleo de cada comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias en las políticas “activas” de empleo, las que deberían ayudar a las personas a encontrar un nuevo trabajo.
Esta segunda faceta es la que, desde hace muchos años, especialistas en el mercado laboral, organismos como el Banco de España y la AIReF, empresarios y sindicatos advierten de que tiene un amplio margen de mejora. Aunque hay varias maneras de calcularlo, se estima que los servicios públicos intermedian en entre un 2% y un 4% de las colocaciones en el mercado laboral. Es decir, que la inmensa mayoría de ellas se fraguan en otros ámbitos: a través de conocidos, por ofertas en otros portales de empleo, en ETT, etc.
