Susana Díaz ha convocado hoy elecciones... y a la vez tapa que se ha denunciado el uso indiscriminado en putas de las tarjetas black de la junta.
El escándalo de las tarjetas black de la Junta de Andalucía sigue creciendo. No sólo se costeó una juerga en un prostíbulo con dinero público, sino que fueron al menos trece "bacanales" en cinco locales de alterne diferentes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz por un importe de casi 32.000 euros. Doce se pagaron con las tarjetas y una con dinero en efectivo.
La investigación de la Unidad Central Operativa (OCO) de la Guardia Civil arroja nuevos datos sobre la polémica Faffe, la fundación de la Junta que debía formar a los parados y que, sobre todo, se convirtió en una gran agencia de colocación de afiliados y familiares del PSOE en la que se gastaba el dinero público en comilonas, hoteles y... prostíbulos.
A las puertas del club de alterne Don Angelo de Sevilla, donde se celebró la primera juerga conocida que fue costeada con las tarjetas de la Junta, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aportado este lunes los detalles sobre la investigación de la UCO que está "entorpeciendo" el Gobierno de Susana Díaz desde hace "dos años", ya que no aporta los detalles que le reclama la Guardia Civil.
La UCO ha descubierto que los directivos de la polémica Faffe contaban con ocho tarjetas bancarias que estaban asociadas a una cuenta corriente que llegó a tener un saldo de 828 millones de euros. Con las tarjetas de gastaron 80.000 euros, que se distribuyen entre los 32.000 euros de los clubes de alterne y 22.000 euros en restaurantes, entre otros gastos.
En cuatro años y medio, entre 2004 y 2009, se hicieron un total de 43 cargos durante 12 "juergas" en cinco prostíbulos distintos: La Casita, Don Angelo y Top Shop (en Sevilla), el Club Bahía 2 de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y la Sala Deluxe de Córdoba.
El atestado revela que las cuentas de la Faffe fueron posiblemente "maquilladas" para enmascarar los pagos en los prostíbulos. Primero, se utilizaban las tarjetas en los locales de alterne y posteriormente el entonces director gerente de la Faffe, supuestamente, devolvía el dinero. Los investigadores creen que en realidad el dinero no regresaba a las arcas públicas y que se trata de un "falseamiento de las cuentas".Según la información que se conocía hasta el día de hoy, la tarjeta black del jefe de la fundación de la Junta para formar a parados se usó quince veces en apenas unas horas en el club de alterne Don Angelo de Sevilla, en concreto entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. Se hicieron cargos de entre 310 y 1.490 euros en una noche de fiesta que acabó costando 14.737 euros y que se costeó en ese momento con los fondos públicos con los que se financiaba la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la Faffe, una entidad hoy disuelta pero que funcionó como una auténtica agencia de colocación para familiares y militantes del PSOE andaluz y cuya gestión investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Los números de aquella celebración vienen reflejados en la documentación que hace sólo unas semanas ha enviado la Junta de Andalucía al juzgado después de reiteradas peticiones de la juez María Núñez Bolaños a instancias de los investigadores de la UCO de la Guardia Civil. Los extractos bancarios evidencian el uso irregular del dinero público que manejaba la Faffe -que llegó a gestionar hasta 300 millones- y cómo su máximo responsable hacía un uso discrecional de las tarjetas de crédito que tenía a su disposición.
En lo que se refiere a la fiesta en el prostíbulo sevillano, la documentación pone de relieve, además, una curiosa coincidencia de fechas y horas. Los pagos con la tarjeta black de Villén en Don Angelo comenzaron apenas unas horas después de que el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, -juzgado estos días por los ERE- llevase a cabo una remodelación de su gobierno del que salió, entre otros, el consejero de Empleo del que dependía la Faffe, Antonio Fernández, también en el banquillo por los ERE desde diciembre. Los ceses y los relevos que Griñán decidió forzado por el estallido del escándalo de los ERE se conocieron a última hora de la mañana de aquel 22 de marzo de 2010 y la juerga se prolongó hasta el día antes de la toma de posesión de los nuevos consejeros, el 24 de marzo, según apuntó el Partido Popular.
