Los autónomos declaran a Hacienda unos ingresos entre 8.000 y 12.000 euros por debajo que los de los asalariados y pensionistas, según los cálculos del colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que muestran claras diferencias en función de la comunidad autónoma de residencia.
En un comunicado, los técnicos de Hacienda sospechan de que pueden existir "otros motivos ocultos" por los que casi la mitad de los autónomos, en total más de 1,5 millones, declara ganar menos de 12.000 euros anuales, es decir, que se encontrarían en el colectivo de los denominados como 'mileuristas'.
Descontando a los 543.255 autónomos que declaran pérdidas, poco más de un millón de empresarios no tributarían en nuestro país con ese bajo nivel de renta, dado que la tributación en el IRPF por debajo de 12.000 euros es cero.
Según Gestha, estos datos son "llamativos" y hace saltar las "alarmas" el hecho de que casi uno de cada cinco autónomos con trabajadores a cargo declare de media menos ganancias que por las que tributan sus propios empleados. En concreto, de las estadísticas se desprende que 3 millones de empleados cobrarían más que sus propios jefes, entre los que se encuentran arquitectos, notarios, abogados o médicos en consultas privadas, entre otras profesiones por cuenta propia y de alta cualificación.
"La incongruencia entre la rentabilidad declarada por el negocio y la contratación del personal se aprecia al comparar los casi 150.000 autónomos con beneficios de casi 22.000 euros y entre 3 y 5 empleados, frente a los más de 13.000 empresarios con beneficios de casi 46.000 euros y más de 20 empleados", subraya Gestha.
Además, destaca que al comparar las estadísticas del IRPF correspondientes a la serie histórica, se observa que el diferencial entre las rentas declaradas por unos y otros se ha ido ensanchando ininterrumpidamente y de forma bastante significativa desde 1993, aumentando la brecha en la última década desde 2008 a 2017 en 1.343 euros respecto de lo que declara el profesional y empresario en estimación directa y 3.979 euros respecto del empresario en estimación objetiva no agropecuaria, con un aumento máximo de la brecha en la Comunidad de Madrid de 5.328 euros en esta década.
Cartas informativas
Por todo ello, Gestha reclama a la Agencia Tributaria que, al igual que en el caso de las empresas, generalice el envío de cartas informativas a los autónomos que estén por debajo de las ratios de la media de su sector económico en el territorio y, a continuación, inicie las investigaciones pertinentes a aquellos que evidencien mayores señales de fraude y no hayan presentado declaraciones complementarias.
Los técnicos remarcan que, en líneas generales, la brecha resulta casi 3.000 euros superior en el régimen de módulos (estimación objetiva), en el que hoy en día tributan menos de 1,3 millones de autónomos. El resto, que supone más del 60%, ya lo hace en el régimen de estimación directa, por lo que Gestha se dirigirá al futuro ministro de Hacienda para que derogue de forma paulatina el régimen de módulos durante la próxima legislatura.
En este sentido, propondrá al Ministerio de Hacienda una transición gradual en cuatro fases. En la primera, que se iniciaría en 2020, proponen que no se prorroguen los límites excluyentes anteriores a la reforma fiscal de 2014, por lo que quedarían a la mitad de los vigentes; en la segunda (en 2021) se pide que se excluya de este régimen a quien emita facturas a otros empresarios o profesionales por más del 25% de sus ingresos (actualmente el 50%); que a partir de 2022 se excluya a los microempresarios no agrarios; y que, finalmente, en 2023 se derogue definitivamente el régimen de la estimación objetiva por signos, índices y módulos.
Por comunidades autónomas, los datos de Gestha muestran que las mayores diferencias entre las rentas declaradas en el régimen de módulos por asalariados/pensionistas y autónomos se localizan en la Comunidad de Madrid (19.456 euros), Cataluña (14.514 euros) y Asturias (12.496 euros). Por el contrario, las regiones donde esta brecha resulta menos acentuada son Extremadura (6.045 euros), Murcia (7.662 euros) y Andalucía (8.163 euros).
Me parece bien que se investigue a quuen defraude a Hacienda pero me da que va a ser impasible con los pocos medios de los que disponen.
