La corrupción de la trama Púnica pone a prueba el pacto de Cifuentes con Ciudadanos
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La distancia con el pasado del PP madrileño que enarboló Cristina Cifuentes ante la cita electoral de mayo se va acortando según avanza la investigación del caso Púnica. El levantamiento del secreto del sumario ha revelado que el número 12 de la lista del PP a la Asamblea de Madrid, Borja Sarasola, fue imputado por el juez Eloy Velasco, quien anuló la citación al conocer que se trataba de un diputado electo y, por tanto, aforado. Pero el principal apuro para Cifuentes puede estar por llegar, con la difusión en los próximos días de la declaración de David Marjaliza ante el juez. Íntimo de Francisco Granados y eje de la trama de corrupción, el empresario pidió declarar ante el juez tras siete meses en prisión provisional, destapando la presunta implicación del número tres de la lista de Cifuentes y consejero de Medio Ambite, Jaime González Taboada, y del exalcalde de Alcalá y número 11 de la papeleta que encabezó la actual presidenta, Bartolomé González.
A la presidenta regional, que aspira a hacerse con las riendas del PP de Madrid -aún controlado por Esperanza Aguirre-, le ha estallado el levantamiento del secreto del sumario mientras intenta mantener atado el pacto de investidura firmado con Ciudadanos, partido con el que ha empezado a tener sus primeros desencuentros y que tiene en sus filas en la Asamblea de Madrid a otra de las señaladas por Marjaliza, la diputada Eva Bórox.
El juez Velasco se ha ido de vacaciones sin haber actuado contra los dos diputados del PP, ni la de Ciudadanos, a los que solo tiene competencia para investigar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por su condición de aforados. Contra Sarasola, que ha perdido su aforamiento, puede hacerlo cuando estime. En uno de los pinchazos a Marjaliza, éste recibe una llamada de otro imputado, su cuñado y exalcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas. "Le dice que viene el Borja Sarasola el próximo sábado para soltar do pájaros, dos cernícalos. Hablan de las fiestas del pueblo. Hablan de la interventora..."
Sarasola fue llamado a declarar como imputado y resultó elegido diputado días después. Dimitió, pero recientemente ha sido elegido para sustituir a Salvador Victoria -defenestrado políticamente por su relevante papel en la Operación Púnica- como presidente del Comité Electoral del partido en Madrid. La todavía presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, dijo este miércoles que en el caso de resultar imputado, Sarasola se irá "inmediatamente". Aguirre aprovechó su intervención para cargar contra el juez Velasco. "¿Ustedes creen que es normal que le iba a llamar, pero ahora no le llama porque no quiere desprenderse de este sumario?", afirmó la líder del partido en Madrid.
Mientras en Génova dicen que se "avergüenzan" de todo lo visto y oído, Cifuentes ha reaccionado anunciando la personación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el caso. Se trata de "defender los intereses de los madrileños y porque podría haber perjuicio patrimonial para la propia Comunidad", según dijo Cifuentes este martes en el Foro Abc. Está por ver qué posición adoptará la Fiscalía y qué decidirá finalmente el juez Velasco, con el precedente de la personación y posterior expulsión del PP de la acusación que ejerció en el caso Gürtel y en el de los papeles de Bárcenas. El juez Pablo Ruz echó del proceso a los conservadores, acusándoles de actuar más como abogados defensores de Bárcenas que como una verdadera acusación. Finalmente, el PP ha acabado en el banquillo como beneficiario a título lucrativo del dinero de la corrupción.
Al tiempo que anunciaba la personación del PP, Cifuentes se tentaba la ropa. "Yo le respaldo [a Taboada] pero si cualquier diputado o cargo público del PP resultara imputado por corrupción, exigiría su dimisión con carácter inmediato", ha advertido, recordando su compromiso anticorrupción con Ciudadanos, partido con el que firmó un acuerdo de investidura de 76 medidas. Ese acuerdo hacía de la 'tolerancia cero' con la corrupción su principal bandera. Si los diputados investigados son imputados, deberán dimitir de inmediato.
Pero la dirigente del PP, a la que todos sitúan como próxima líder del PP de Madrid, sabe que el escándalo la va a perseguir a la vuelta del verano. De hecho, nada más comenzar la actividad en la Asamblea regional va a tener que hacer frente a una comisión de investigación sobre la corrupción y a una auditoría del endeudamiento y de la gestión pública que han impulsado Ciudadanos, el PSOE y Podemos, en donde se airearán todas las posibles irregularidades cometidas por sus antecesores. Y la trama Púnica, inevitablemente, volverá a la actualidad.
El escándalo también ha afectado al partido de Rivera. Borox ha calificado de “asquerosa y repugnante mentira” la acusación de Marjaliza en sede judicial. Si la imputan, Ciudadanos la obligará a dejar el acta. Pero si se niega a dimitir, pondrá en un serio aprieto a Cifuentes, ya que el PP se quedaría sin la mayoría absoluta que tiene garantizada ahora con los 17 diputados naranjas.
Primeras dificultades con Ciudadanos
Pase lo que pase con Borox, lo cierto es que Cifuentes está empezando a comprobar las dificultades que va a tener para mantener el pacto de investidura que cerró con el partido de Rivera, del que dependerá los próximos cuatro años. El grupo de Cifuentes perdió el pasado 24 de julio en la Asamblea de Madrid tres votaciones frente a una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que se pedía la reducción urgente de las tasas universitarias, de Educación Infantil y de la Formación Profesional.
A los de Aguado no les dolieron prendas a la hora de dejar sola a Cifuentes ante unas medidas que están incluidas en el acuerdo de investidura. La propuesta del PSOE salió adelante gracias al apoyo de Podemos y de Ciudadanos. Los populares justificaron su oposición escudándose en “las formas” en la que estaba redactada la proposición y en la “urgencia” que exigían.
Días antes, Cifuentes se había visto obligada a anunciar su disposición inmediata a suprimir el Consejo Consultivo de Madrid ante las presiones de Ignacio Aguado. El dirigente de Ciudadanos consideró una “falta de respeto” y "una tomadura de pelo" que el expresidente de Madrid, Ignacio González, hubiera pedido el ingreso en el órgano consultivo en pleno mes de julio cuando está pactada su disolución. Cifuentes se apresuró a anunciar que había iniciado los trámites para la elaboración del anteproyecto de ley para que, a la vuelta del verano, la Cámara regional pudiera debatir la propuesta en una de sus primeras reuniones.
Otro asunto en el que ha tenido que intervenir Cifuentes ha sido en las declaraciones que realizó su Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, poniendo en tela de juicio la paralización de las privatizaciones de los hospitales públicos, otro de los compromisos firmados con Aguado.
“Si un gestor de un hospital público no es capaz de hacer una gestión eficaz, habrá que buscar una gestión privada”, señaló Sánchez Martos, haciendo saltar las alarmas de los grupos de la oposición, no solo de Ciudadanos. Cifuentes desmintió a su Consejero y dejó “claro” que en sus planes no hay ninguna “externalización” más. Pero los de Rivera le exigen también que desprivatice otros cuatro hospitales madrileños, el de Valdemoro, Móstoles, Villalba y Torrejón de Ardoz, una medida que le va a costar trabajo llevar a cabo a Cifuentes.
En Ciudadanos presumen de haber logrado estar presentes en las direcciones de ocho Comisiones de la Asamblea regional en las que aseguran que jugarán “un papel de árbitros para llegar a los máximos acuerdos posibles en beneficio de los madrileños”. De hecho, presidirán la de Vigilancia de Contrataciones, una de las más importantes; la de Control de Radio Televisión de Madrid –que se han comprometido a “despolitizar”- y la de Políticas Sociales y Familia.
Como se ve, un comienzo de legislatura para Cifuentes bastante complicado. Tanto, que hay quien apuesta ya porque la dirigente regional no va a poder retener mucho tiempo la Comunidad de Madrid, sobre todo si tras las generales el PP no consigue mayoría suficiente para gobernar.
Veamos cómo torean esto desde Cs. Las exigencias e impunidad deberían costarle el apoyo de Ciudadanos a Cifuentes, pero me da que en las próximas semanas veremos cómo se retuerce el lenguaje para seguir en la misma línea de consentimiento implícito.
Pues eso, the bait is on the water 
