El Gobierno da el primer paso para trasladar a los presos del ‘procés’
Interior pregunta a Llarena si tiene previstas más diligencias sobre los líderes del 'procés' en prisión
La decisión política ya estaba tomada y apuntada en las declaraciones del presidente, Pedro Sánchez, pero ahora ha empezado el trámite legal. El Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado al juez Pablo Llarena si tiene previstas más diligencias sobre los líderes independentistas catalanes que están en prisión preventiva acusados de rebelión y malversación de fondos, según fuentes de Interior. Es el primer paso. Con toda probabilidad el juez contestará que no. Se inicia así el proceso para que sean acercados en breve a cárceles catalanas.
La decisión estaba casi cantada desde que el pasado martes se produjo la última comparecencia del exconsejero Joaquim Forn ante el juez. Nada indica que Llarena tenga intención de llamar de nuevo al resto de procesados antes del inicio del juicio. El Gobierno siempre dijo que se iniciarían los trámites una vez concluida la fase de instrucción. En realidad no ha acabado, porque aún no se ha producido el escrito de conclusión de sumario, pero prácticamente está finalizada.
A partir de este primer trámite activado por Interior, se pide también un informe, que está en marcha, para comprobar que estos nueve presos tienen su vinculación familiar en Cataluña. Después llega una serie de pasos burocráticos que hay que cumplir pero que, una vez iniciados, tengan como probable conclusión que los presos vayan a cárceles catalanas en pocas semanas, según fuentes gubernamentales.
Nadie se anima a hablar de un plazo concreto porque depende de que conteste el juez, se hagan los informes preceptivos y se pongan de acuerdo dos Administraciones, las responsables de instituciones penitenciarias nacional y catalana, ya que las cárceles están transferidas a Cataluña, caso único en España. Será la Generalitat la que decida a qué cárceles van. No es un asunto menor porque es previsible que a la puerta de las prisiones se produzcan manifestaciones o vigilias de respaldo a los presos y será la Generalitat la que tenga que gestionar esa delicada situación política.
En cualquier caso el Gobierno cree que este acercamiento es inevitable una vez concluida la instrucción. Sostiene incluso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy habría hecho lo mismo porque es muy difícil argumentar que un preso preventivo que no va a ser llamado por el juez esté a centenares de kilómetros de su familia y de sus abogados.
En su reciente entrevista con EL PAÍS, Sánchez desvinculó la decisión sobre los presos de la reunión que tiene prevista con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 9 de julio. Pero también dejó claro que el traslado estaba decidido. “Yo desvinculo completamente lo que surja de la reunión con el president de algo que tiene un ámbito estrictamente judicial y de Instituciones Penitenciarias. Mi posición es que lo más razonable es que, una vez se sustancie la instrucción, puede haber acercamiento. Lo razonable es que los presos, y sobre todo en prisión provisional, estén cerca de sus familias y de sus letrados”, dijo.
Los partidos independentistas catalanes y el PSC lo estaban reclamando con insistencia. También Pablo Iglesias, líder de Podemos y socio principal de Sánchez, que necesita sus 67 diputados para cualquier movimiento. Iglesias incluso visitó a los presos separatistas en la cárcel.
Los independentistas en realidad no están pidiendo solo el acercamiento. Lo que quieren es que el Gobierno cambie la posición de la fiscalía y trate de forzar que estos presos salgan de la cárcel. Pero en el Ejecutivo han descartado esa posibilidad y menos en este momento, cuando el juicio se prevé ya para otoño. Incluso los interlocutores independentistas consultados admiten que nadie cuenta con que haya ningún movimiento antes del juicio, más allá de este acercamiento.
La decisión se daba por hecha tras el cambio de Gobierno pero sufrió algunos avatares. El pasado 14 de junio, en un auto, el juez Llarena ya había pasado la pelota al tejado del Ejecutivo. El artículo 31 del Reglamento Penitenciario deja claro que Instituciones Penitenciarias tiene “competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios”.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias admiten que la decisión de recluir a un preso en un centro penitenciario concreto se toma por diferentes factores, desde el nivel de ocupación a cuestiones de seguridad, el perfil del recluso y razones humanitarias. No obstante Prisiones dictó en 2011 una instrucción interna en la que establecía como norma general el “criterio de proximidad al domicilio del interno” a la hora de determinar el centro en el que han de permanecer los reclusos en España.
Medidas de seguridad
Desde el ingreso en prisión, el pasado noviembre, de Oriol Junqueras y otros siete exmiembros del Ejecutivo catalán, el Gobierno del PP extremó el celo sobre su seguridad, sobre todo después de la denuncia que entonces presentaron los abogados de los políticos catalanes sobre las condiciones en las que se realizó su traslado a prisión por parte de la Guardia Civil. La mayoría contaron que fueron esposados con las manos a la espalda y que viajaron sin la sujeción de los cinturones de seguridad.
El departamento que entonces dirigía Juan Ignacio Zoido tomó la primera medida la misma noche del encarcelamiento. Poco después de decidir dispersar a los políticos en cinco cárceles, Interior rectificó y ordenó que los seis exconsejeros varones fueran agrupados en la de Estremera.
El director de la prisión se encargó de revisar el estado de las celdas y se reunió con los políticos para explicarles cómo funcionaba la recepción de paquetes de la familia, el economato y el peculio con el que realizar compras en su interior. Además se les ingresó, de dos en dos, en módulos poco conflictivos y en celdas cercanas a las garitas de vigilancia para minimizar el riesgo de que sufrieran cualquier encontronazo con otros reclusos. Incluso se dieron órdenes para restringir al máximo en el sistema informático el acceso a la fotografía que les tomaron a todos ellos al abrirles sus fichas penitenciarias.
