...dedicado a promover el prusésssssssssssss fuera de España.
Gran noticia para los españoles.
Cita a los tres dirigentes y otros 33 altos cargos bajo amenaza de embargo tras considerar irregular el dinero público destinado a Diplocat
Orgásmico.
El Tribunal de Cuentas considera que los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, entre otros, incurrieron en responsabilidad contable al dedicar fondos públicos a promover el procés en el exterior y deben devolver el dinero. Fuentes del organismo confirman que "ha terminado la instrucción de los hechos que se recogían en los dictámenes de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal relativos al Informe de Fiscalización de los recursos destinados por la Generalitat de Cataluña a la acción exterior". Por tanto "se ha dictado una Providencia para citar a los presuntos responsables contables, entre ellos a: los presidentes de la Generalitat Artur Mas Gavarró y Carles Puigdemont i Casamajó; a los Consejeros de Presidencia Francesc Homs i Molins, Neus Munté i Fernandez y Jordi Turrull i Negre; los Consejeros de Economía Andreu Mas Colell y Oriol Junqueras i Vies el Consejero de Asuntos Exteriores/Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (DAERIT), Raul Romeva i Rueda".
Completan esta lista, hasta 36 altos cargos de la Generalitat de Cataluña, incluidos secretarios generales, interventores y " los Delegados de la Generalitat de Cataluña en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, EE.UU., Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea"
El Tribunal de Cuentas no desvela los millones que deberán devolver los responsables que ya han tenido que pagar una fortuna por las consultas ilegales de 2014 y 2017, aunque han sido apoyados por las colectas independentistas. El despliegue de acción exterior para promover el procés ha llegado a 20 millones, según estimaciones de la época.
La audiencia a los responsables ha sido fijada el 29 de junio de este año y han sido citados también " los representantes legales de la Generalitat de Cataluña, del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), de las sociedades "Abogados Catalanes por la Constitución" y "Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural", a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal para la práctica de la Liquidación Provisional".
Esta liquidación, que desata el embargo preventivo de los responsables si no depositan el dinero hasta que se cierre el caso, es complementaria a la realizada en enero de 2020 por el referéndum ilegal de 2017. Entonces, se obligó a Puigdemont y a su gobierno a depositar 4,1 millones.
El Tribunal de Cuentas actúa al margen de la vía penal como garante de que si se incurre en mal uso de los fondos públicos, éstos deban ser devueltos al erario por sus responsables.