El Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación a la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por negarse a retirar una pancarta a favor de los presos políticos como le ordenó la Junta Electoral Central para garantizar la neutralidad de los edificios públicos, señalaron fuentes jurídicas. La sentencia significa que la inhabilitación que se le impuso ya es firme y que, por tanto, perderá la Presidencia en cuanto sea ejecutada por el TSJ.
Pocas veces una resolución ha sido objeto de tanto polémica al ser esgrimida por el Gobierno como una de las razones por las que vetó la presenció la entrega de despachos en Catalunya. Y eso que los cinco magistrados de la Sala Segunda que formaron el tribunal solo han necesitado algo más de una semana para descartar los argumentos de la defensa del presidente catalán, ejercida por Gonzalo Boye, consistentes en justificar su condena en una supuesta discriminación hacia una "minoría nacional" y enmarcar su actuación en un supuesto ejercicio de libertad de expresión. El propio Torra admitió que desobedeció ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunhya, así que cualquier otro veredicto se volvía complicado.
Durante la vista del recurso de casación, que se celebró el pasado día 17, La locuacidad del letrado defensor quedó compensada por la parquedad de la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce, que prácticamente se limitó a defender la autoridad del árbitro electoral para ordenar la retirada de la pancarta de la discordia, extremo también cuestionado por Boye. Su condena, explicó la fiscala, se trató de "una actividad administrativa en un marco de actuación política, como es un proceso electoral", por lo que la JEC es la autoridad.
