Evidentemente, esta medida es electoralista, pero eso no quiere decir que no sea buena. De hecho, debería extenderse a todas las ramas de la administración y que en la auditoría participen todos los partidos en el parlamento. Cualquiera que conozca una poco de cerca la Junta sabe que hay edificios atestados de gente (funcionarios y no funcionarios) moviendo papeles sin prácticamente ninguna cualificación para desempeñar su función (sea cual sea ésta).
Si a mi todo eso que comentas me parece estupendo, que pongan requisitos mínimos para acceder a según que puestos, que hagan evaluaciones de rendimiento del personal, que ajusten y recoloquen lo que consideren oportuno para ganar en eficiencia, etc, etc.
¿Pero para qué quieren los nombres? Para evaluar la calidad, rendimiento e idoneidad del servicio ofrecido no necesitan que se les pase a su partido una lista de nombres. Lo único que buscan es acceder a información personal para poderla usar electoralmente. ¿Porqué? Porque empezarán a buscar a personas individuales contra las que poder cargar retórica populista.
¿Que creen que hay muchos familiares de gente del PSOE? Que tramiten una ley de incompatibilidades, de conflictos de intereses o de lo que les de la santa gana, pero que no pidan nombres para convertir su batalla política en una caza de brujas contra ciudadanos concretos.