Detenidas 37 personas por prostituir a menores de edad...

Una de las menores utilizada por la red de explotación sexual desmantelada por la Policía Nacional estuvo prostituyéndose el pasado verano en un piso del barrio de Oporto (Madrid) con menores marroquíes (menas) del centro de primera acogida de Hortaleza dependiente de la Comunidad de Madrid, según consta en las diligencias policiales. Esta chica fue obligada a acudir a una «casa grande» del distrito de Carabanchel, según declaró, por el Kalifa, el joven dominicano que lideraba esta siniestra trama de abuso a menores.

Esta joven, de 14 años y tutelada por la Comunidad de Madrid en un centro de protección de menores, fue localizada días más tarde, el 22 de agosto de 2021, por la Policía Nacional en una calle del distrito de Vallecas. «Estaba en un alto estado de somnolencia, incoherente y portando una mochila con numerosos preservativos, gel íntimo lubricante, ropa interior y utensilios que concuerdan con que la menor, estuviera ejerciendo la prostitución». Se trataba además de la misma joven que era obligada a ejercer la prostitución por su padre, que la vendió al Kalifa a cambio de dos bolsas de cocaína, a tenor también de las diligencias policiales.

En el momento de ser identificada por los agentes esta menor aparecía en una denuncia por desaparición realizada por el propio centro de protección de menores, «hecho que según el personal del mismo, era habitual en la menor, constando en las bases de datos policiales numerosas denuncias por desaparición y posteriores reintegros de la menor».

De las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo XXII de la Brigada de Policía Judicial, se pudo averiguar que tras escaparse del centro la menor se dirigió junto a su padre, toxicómano habitual que residía en una casa okupada del barrio del Puente de Vallecas, donde convivía con numerosos drogodependientes. El progenitor la acogía pese a que tenía conocimiento de la situación de fugada de la menor.

El informe policial señala que cuando la menor regresaba al centro de menores: «lo hacía en condiciones de desamparo total, sucia, con aspecto de yonqui, sin apenas fuerzas, motivo por el que consiguieron que accediese a una analítica». El resultado de esa prueba fue el siguiente: «Positivo en cocaína y cannabis y enfermedades de transmisión sexual a causa de sus relaciones de riesgo extremo». Como consecuencia de la situación de la menor, se decidió trasladarla a un centro de protección de menores de la Comunidad de Madrid, especializado en adicciones, del que se volvió a escapar para encontrarse de nuevo con el Kalifa. Según la Policía, este dominicano la refugiaba en el barrio de San Cristóbal y el polígono Marconi.

Los agentes detallan que «además de acostarse con Kalifa, se acostaba con gente en las chabolas y con gente de mucho dinero» a cambio de droga, a la que estaba enganchada. Había sido habituada a consumir base de coca para tener así una vinculación total con la red desmantelada. El pasado mes de agosto, tras ser localizada por enésima vez por la Policía, la joven delató la trama que la explotaba a ella y otras menores del centro donde estaba tutelada por la Comunidad de Madrid y que acabó con 37 detenidos implicados en una red prostitución de menores a las que utilizaban también para la venta de sustancias estupefacientes en varios narcopisos del distrito de Usera y Vallecas. En la intervención los agentes liberaron a 10 menores, varias de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Todas son españolas, a excepción de una rumana y otra dominicana.

La mayoría de los arrestados son dominicanos y magrebíes. Están acusados de delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.

La Consejería aseguró en un principio que era un caso de prostitución ajena a los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas estaba tutelada por la Comunidad, pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban y que otra estaba tutelada por un centro de Castilla y La Mancha. La presidenta Isabel Díaz Ayuso subrayó que la explotación sexual de las menores no se produjo en los centros regionales ni a manos de sus profesionales, y que su Gobierno está colaborando con la Policía para esclarecer los hechos. Además, el Gobierno regional se personará como acusación particular en este caso.

Ventana de la casa de Usera donde fue encerrada una menor.

Las declaraciones de las menores víctimas de la trama de explotación sexual desmantelada por la Policía Nacional muestran la terrible experiencia padecida, así como el miedo que las adolescentes tenían a varios de los detenidos de nacionalidad dominicana por ser miembros de la banda latina de los Dominican Don't Play. Los 37 arrestados prostituían a las menores en situación de desamparo, las utilizaban para la venta de droga y las habían habituado al consumo de base de coca, consiguiendo que se volvieran adictas y creando de este modo una cadena invisible para que accedieran a cualquiera de sus pretensiones.

Una vez destapada la trama y liberadas 10 menores, varias de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid y declaradas testigos protegidos, han relatado a los agentes el sufrimiento físico y moral soportado durante meses -un año y medio en el caso de una de ellas-. Ahora se ha sabido que otra de las chicas intentó acabar con su vida en varias ocasiones, y algunas están siendo tratadas de graves enfermedades de transmisión sexual.

Estremecedor es el relato de una de ellas, ahora con 15 años, que fue vendida al Kalifa por su padre biológico por dos bolsas de cocaína y que aseguró: «He acabado muy mal, he perdido seis kilos y estoy en rehabilitación. Me enamoré de un chaval al que mi padre me vendió por una bolsita de base y caballo y así he acabado». Esta menor estaba «enganchadísima» del Kalifa, uno de los líderes de la organización que la obligó a acostarse «con varios amigos de él, de la banda latina de los DDP, en el poblado de chabolas situado entre las calles San Norberto y San Dalmacio de Madrid». «Me obligaron a tener sexo con tres personas y me pegaron por todo el cuerpo, no podía más», explicó esta chica sobre estos pandilleros. «Algunos eran muy peligrosos y llevaban armas y vendían droga en pisos», agregó.

La Negra, una de las detenidas

Precisamente, la Policía destaca en las diligencias que la organización desmantelada utilizaba a miembros de la trama para captar a las menores con el método Lover Boy. Varios de los detenidos aprovechaban su encanto y popularidad para conquistar a las jóvenes y con ello generar en ellas «un apego o falsa situación de cariño y abundancia económica, así como promesas de llevarlas a una situación o lugar mejor, agasajándolas con numerosos detalles o regalos». «Yo no era así, el Kalifa me enganchó a la droga y empezó todo, yo no quería», dijo apesadumbrada una de sus víctimas refiriéndose a este dominicano cabecilla de la red, acusado de detención ilegal, abuso sexual a menores, prostitución de menores, delito de provocación sexual, delito contra la salud pública y e inducción al abandono de domicilio y tenencia de pornografía infantil.

Uno de los casos más violentos sufrido por otra menor a manos del Kalifa ocurrió una noche en la que la joven se negó a prostituirse. «El Kalifa me proporcionaba diariamente droga y otras veces me pegaba. Una vez me dio golpes por todo el cuerpo. Me zarandeó y me lanzó al aire mientras me agarraba con fuerza por debajo de los hombros hasta que me quedé dormida. Cuando me desperté tenía un cenicero en la mano y me agarró del cuello y me pegó porque me negué a acostarme con unos hombres para que pagase una deuda».

Varias de las menores manifestaron que reconocieron en las chabolas de San Cristóbal a Saymol Fyly, el rapero dominicano detenido en la operación policial que presume de tener 150.000 seguidores en redes sociales. Las chicas le señalan como un hombre que «frecuentaba los fumaderos y captaba a jóvenes». Una de las menores relató sobre el cantante: «Tuve relaciones sexuales consentidas con él, también me daba cocaína para consumirla juntos", siendo conocedor el cantante de que la chica tenía 14 años. Los agentes han descubierto que varios de los detenidos figuran en sus vídeos recientes.

En otro episodio, una de las chicas fue enviada a transportar droga a un piso, pero de camino a esa casa vio a la Policía, se asustó y la tiró. Tras contar lo ocurrido contrajo una deuda con un miembro de la trama. Así lo relató la menor a los agentes: «Para no llegar a problemas me dijo que tenía que trabajar para él para devolverle todo. Cuando le devolví toda la cantidad me dijo que tenía que seguir trabajando para él y me llenó de ilusiones. Me dijo que iba a ganar mucho dinero». La chica acabó prostituyéndose.

Las menores han relatado a los agentes que fueron filmadas mientras practicaban sexo y que algunos de esos vídeos fueron intercambiados por los miembros de la red. «Me traían a gente desconocida para que me acostara con ellos a cambio de dinero y él me daba la mitad. Me encerraba, no me dejaba salir y me grababan con la cámara que tenía en su casa», describió otra de las chicas a la Policía.

También una menor fue encerrada en un piso de Usera durante dos días por una de las detenidas, conocida como La Negra. Durante su cautiverio fue obligada a tener sexo sin preservativo con dos hombres mientras una mujer le daba cocaína en pipa y amenazaba con ir a por ella si se marchaba. Finalmente, pudo escapar y pedir ayuda a la Policía a finales de agosto. «No me dieron nada de comida y me hice pis encima, ya que no me dejaban ir al baño», relató durante su cautiverio. Esta testigo protegida, tutelada por la Comunidad de Madrid, fue la que manifestó a la Policía que otras cuatro menores estaban en su misma situación lo que provocó que los agentes del grupo XXIII empezarán a sospechar que había una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual de las menores.

Otra de las adolescentes contó a la Policía Nacional que una de las cabecillas de la trama, conocida como La Rubia, les «mandaba a por las drogas a pisos próximos al poblado de San Cristóbal, en Villaverde. Nos decía que entráramos con códigos tales como llamar tres veces a la puerta. Recogíamos la droga, nos la escondíamos en nuestras partes y se la teníamos que entregar, y tras comprobar que estaba todo correcto nos daba parte de la mercancía». Y agregó: «También nos mandaba acostarnos con cualquier chaval para aportar dinero a la banda y a cambio nos daba base (crack) para fumar».

Poblado donde fueron prostituidas varias de las menores.

La organización desarticulada por la Policía también controlaba un prostíbulo clandestino en una calle del Puente de Vallecas. El hombre que regentaba este negocio es uno de los detenidos, ya que en su local acabaron dos menores a las que facilitaron varios teléfonos móviles y les hicieron varias fotos que luego subieron a una página web porno donde anunciaban a las chicas. Por eso una de las menores liberada declaró a la Policía: «Me dieron dos móviles y me hice fotos para portales de internet de prostitución. Me gustaría que se cerrase ese local. Es un sitio de putas en el que me hicieron hasta un anuncio sin mi consentimiento».

La Policía también destaca que varias de las menores, que han iniciado un programa de deshabituación de droga en centros especializados -donde son atendidas por un equipo multidisciplinar acostumbrado a tratar problemáticas similares- han experimentado una notable mejoría en su salud física y mental. «Este hecho también podría ser como consecuencia de que las víctimas hayan sido alejadas del ambiente nocivo en el que vivían, la ausencia de todo contacto con los investigados y la percepción de que actualmente residen en un espacio seguro que únicamente persigue su recuperación y bienestar», resaltan los investigadores.

Cinco de las diez víctimas de la trama residían en centros de la Comunidad de Madrid y al menos cuatro estaban tuteladas por el Gobierno regional. Eran centros en régimen abierto del que se escapaban y desaparecían de durante días. La Policía empezó a investigar la trama que prostituía a las menores en abril, aunque las pesquisas se agilizaron en agosto después de que una de ellas confesase que ella y otras chicas eran víctimas de la organización ajena a los centros de protección de la Comunidad de Madrid.

La Consejería aseguró en un principio que era un caso de prostitución ajena a los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas estaba tutelada por la Comunidad, pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban y que otra estaba tutelada por un centro de Castilla y La Mancha. La presidenta Isabel Díaz Ayuso subrayó que la explotación sexual de las menores no se produjo en los centros regionales ni a manos de sus profesionales, y que su Gobierno está colaborando con la Policía para esclarecer los hechos. Además, el Gobierno regional se personará como acusación particular en este caso.

La consejera de Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, dijo ayer que la Policía no les avisó de la investigación, aunque añadió que comparecerá en breve para dar explicaciones.

Una agente de Policía Nacional con el dinero incautado a los detenidos. POLICÍA NACIONAL

Uno de los 37 detenidos por la Policía Nacional por prostituir a menores, varias de ellas tuteladas en centros de protección por la Comunidad de Madrid, vendió a su hija de 13 años a un joven dominicano de 22 años implicado en la trama a cambio «dos bolsas de cocaína». La niña es una testigo protegida en el caso y era explotada sexualmente por varios de los implicados, según consta en las diligencias policiales adelantadas por La Sexta.

Tras ser vendida por su progenitor acabó retenida en un piso de Vallecas regentado por una mujer conocida como La Negra. En esta vivienda fue obligada a mantener relaciones sexuales con varios hombres, también de nacionalidad dominicana. La menor era una marioneta sexual para varios de lo cabecillas de la red que la obligaban a prostituirse y mantener relaciones con hasta tres hombres a la vez.

Llegó a pasar 48 horas sin dormir encerrada en un piso. El testimonio de esta menor fue clave para destapar la trama que explotaba sexualmente a las menores y las utilizaba para traficar con drogas. Además, las habituaban a consumir base de cocaína o crack, una sustancia que genera una gran adicción. De esta forma lograban anular su voluntad y mantener una «cadena invisible» entre la menor y los miembros de la trama.

Esta menor de 13 años es una de las chicas tuteladas por la Comunidad de Madrid y fue la artífice del inicio de la investigación después de que la Policía Nacional la encontrase deambulando en la calle el pasado mes de abril y con signos de haber sufrido una agresión sexual.

La joven acabó en un centro de protección de la Comunidad de Madrid, un recinto de régimen abierto del que se escapó en varias ocasiones. Esta chica llegó a contar a un educador del centro que estaba siendo explotada sexualmente por una trama que además la obligaba a vender droga.

Estando allí confesó también a los tutores que había sido explotada por una banda, al igual que otras chicas con necesidades económicas a las que también captaron para prostituirlas. Esta nueva declaración permitió a la Policía ampliar las pesquisas y averiguar que los integrantes de la banda contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes. En algunos casos las obligaban a distribuir ellas mismas la droga, a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores.

La operación culminó el pasado mes de noviembre con la liberación de las diez menores explotadas y con un total de 37 individuos arrestados, la mayoría dominicanos. Pero también hay cuatro marroquíes y algunos rumanos, nigerianos, españoles y cubanos, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. Además, hay al menos cuatro mujeres apresadas. Se les acusa, presuntamente, de perpetrar los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.

La Consejería aseguró desde un principio que era un caso de prostitución ajena a los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas está tutelada por la Comunidad, pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban. La presidenta Isabel Díaz Ayuso subrayó que la explotación sexual de las menores no se produjo en los centros regionales ni a manos de sus profesionales, y que su Gobierno está colaborando con la Policía para esclarecer los hechos. Además, el Gobierno regional se personará como acusación particular en este caso.

La trama desmantelada por la Policía Nacional que prostituía a menores y las utilizaba para la venta y el transporte de droga también disponía de un prostíbulo en la calle Felisa Méndez del Puente de Vallecas (Madrid), donde varias adolescentes fueron obligadas a tener relaciones sexuales con numerosos clientes sabiendo que tenían entre 14 y 16 años. Así consta en las diligencias policiales que indican que el burdel estaba regentado por F. J., uno de los 37 detenidos por la Policía Nacional que se enfrenta a los delitos de prostitución de menores, delito contra la salud pública y abuso sexual con penetración a menor de 16 años.

En este local acabaron muchas noches varias de las víctimas de esta mafia de explotación sexual ya que el dueño era conocido de otro de los cabecillas de la banda, de nacionalidad dominicana, también detenido por la Policía, según las diligencias policiales. En las investigaciones se indican que en este recinto se consumía droga y alcohol y que era visitado por varios de los implicados en la trama de forma frecuente.

La menores que acababan en este prostíbulo eran agasajadas con teléfonos, ropa y dinero. Una de las chicas que fue captada por la organización fue trasladada un día a este recinto muy aturdida y bajo los efectos de la droga sin saber que se trataba de un prostíbulo.

El propietario del local de alterne regaló a varias de las menores teléfonos móviles y les pidió que se hicieran fotografías. Las adolescentes posaron en ropa íntima para hacerse autorretratos que supuestamente iban a subir a sus redes sociales sin saber que luego se iban a utilizar para difundir su imagen.

F. J., ecuatoriano de 49 años, empleó esa fotografía para anunciarlas en una página web pornográfica, según consta en el atestado policial de la Operación Sana llevada a cabo por el Grupo XXII de la Brigada de Policía Judicial. Además, puso un teléfono de contacto suyo para atender las llamadas de los clientes. Alguna de las menores prostituidas pudo aportar fotografías del interior del prostíbulo gracias a que compartieron las imágenes en su cuenta privada de Instagram.

El dueño del prostíbulo pagó a una de las menores, tutelada por la Comunidad de Madrid, entre «50, 40 y 30 euros, nunca por debajo de 30 por tener relaciones sexuales en las habitaciones del local", según declaró una de ellas a los agentes. Además, a los clientes les indicaba que las chicas tenían 18 años cumplidos «pese a que conocía perfectamente la edad de los menores».

Además, la mafia desmantelada también prostituía a menores en el polígono Marconi de Villaverde y en narcopisos de las calles San Norberto y San Dalmacio de Villaverde.

La Policía Nacional subraya en las diligencias policiales que las menores víctimas de esta trama tenían un "miedo atroz e insuperable a los miembros de la organización, lo que hace que la inmensa mayoría de estos casos de explotación sexual nunca lleguen a conocerse ni a denunciarse, actuando con una casi absoluta impunidad los autores de los mismos".

F. J. también tenía un chalé en el municipio madrileño de Fuentidueña del Tajo, a donde llevó a varias de las menores. En este local los agentes descubrieron además que el detenido había instalado una cámara de vigilancia para tener controlado el exterior de la calle. En el año 2020 el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arganda ya investigó al encargado, acusado de prostituir a varias mujeres en su domicilio. La ex pareja de F. J. relató que este se dedicaba a la prostitución, motivo por el que le conoció. Pasado un tiempo se fue a vivir con el para sacarle de "esa vida", si bien pasó todo lo contrario. Una vez que estaba en el domicilio de comenzó a llevarle a clientes para que se prostituyera y que hizo lo mismo a más mujeres.