En 1998, el Gobierno de Aznar, con el apoyo de toda la oposición y, sobre todo, del PSOE y de los partidos nacionalistas, toma una decisión trascendental para España. Decide cumplir los criterios de Maastricht no porque fueran positivos –que lo eran– para la economía española, sino para integrarse, desde un primer momento, en la Unión Monetaria. Olvidando que las razones del fracaso del Sistema Monetario Europeo seguían vigentes.
a) El primer error
España seguía padeciendo un paro abrumador, el euro tenía problemas en su estructura interna y nada garantizaba que los gobiernos españoles fueran a cumplir los objetivos de déficit, ni que la inflación española fuera a ser semejante a la de nuestros principales competidores. Era, de hecho, imposible, pues la estructura económica de España era muy poco productiva. En los 24 años anteriores, todo el aumento de la productividad se había conseguido reduciendo el número de trabajadores ocupados, no aumentando la productividad de toda la economía. Un error en el que incurrió no sólo el Gobierno español, sino los de todos los países que se integraron sin tener economías suficientemente sólidas, en un intento de forzar una unión política por la vía espuria de la economía, de una moneda única y de un Banco Central Europeo con competencia muy limitadas.
b) El segundo error
Un segundo error fue hacer también política con los sindicatos. La actividad sindical desde la transición hasta 1994 había puesto todo tipo de obstáculos a la modernización de la economía española. El PSOE de Felipe González se enfrentó a los sindicatos y aunque el Gobierno ganó todas las batallas perdió la guerra, porque nunca se atrevió a hacer la reforma definitiva del mercado de trabajo y porque intentó recuperar el apoyo popular, erosionado en su pelea con los sindicatos, mediante políticas expansivas del gasto público que se tradujeron en grandes déficits públicos. Los sindicatos perdieron todo su prestigio cuando se hizo evidente que sus posiciones, opuestas a cualquier reforma en el mercado de trabajo, eran responsables del desempleo del 24,5% de la población, así como los Gobiernos del PSOE, pues su intento de recuperar votos por la vía del gasto público y el déficit y la acumulación de deuda pública fue determinante del crecimiento de la inflación y de la pérdida de competitividad de la economía.
A esos sindicatos, derrotados, les ofreció un pacto el primer Gobierno de Aznar. El PP no haría la reforma del mercado de trabajo si los sindicatos aceptaban modificaciones menores en la legislación laboral, como fijar los salarios en función de la inflación esperada por el Gobierno, con la salvedad de que los salarios se ajustarían si el objetivo de inflación se sobrepasaba en cada mes de noviembre. El Gobierno del PP, en su afán de volver a ganar las elecciones y ser considerado como un Gobierno de centro, cometió ese segundo error, que resultó fatal para la competitividad de la economía; con un agravante: que toda la economía quedó indexada a la inflación a través del sistema de convenios colectivos, que era tan cáncer entonces como ahora.
Esos dos errores, cometidos simultáneamente, son imperdonables desde el punto de vista de la política económica. Podríamos haber estado en la Unión Monetario Europea, pero hacerlo sin la reforma de la negociación colectiva y del resto del mercado de trabajo fue una irresponsabilidad que hoy seguimos pagando. Era una irresponsabilidad, porque nada garantizaba que nuestra inflación, históricamente mucho más alta que la de Alemania, Francia y los países europeos más avanzados, fuera a reducirse hasta su nivel de forma permanente. El Gobierno ni siquiera consideró que el pacto con los sindicatos debería tomar como referencia la inflación del conjunto de la Unión Monetaria. Era seguro que una integración en el euro en esas condiciones significaría la pérdida progresiva de competitividad de la economía española. Pero esta evidencia fue ignorada por la inmensa mayoría de los políticos y, aún peor, de los economistas españoles, que consideraron que, por fin, por influencia exterior, por decisiones tomadas en Bruselas, la economía española saldría de su atraso histórico, se crearía empleo, se reduciría el paro y, en unos años, seríamos como Alemania. Mágicamente, sin conflictos, sin necesidad de que nadie se manchara las manos en España.
c) La primera circunstancia negativa: los tipos de interés y las facilidades crediticias
A esos dos errores se sumaron tres circunstancias fatales. La primera, la política de bajos tipos de interés y de facilidades para el apalancamiento de Greenspan, que fue imitada por los principales bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo. Los bajos tipos de interés del euro resultaron ser, al cabo del tiempo, un "shock externo asimétrico" para los países miembros de la Unión Monetaria.
Los economistas más opuestos al euro señalábamos como un peligro para los países miembros que ocurriera un fenómeno externo que afectara de una forma radicalmente diferente a sus economías. Recuerdo que, yo al menos, mencionaba factores como una nueva subida de los precios del petróleo o algún otro que afectara a nuestra industria automovilística o a nuestro turismo, los sectores más importantes de nuestra estructura productiva. Cuando se produce un shock de esas características podía ocurrir que la política monetaria común no fuera la conveniente para todos los miembros. Eso es lo que ocurrió con los tipos de interés y las facilidades crediticias que, mantenidos muy laxos durante casi diez años, provocaron crecimientos del crédito completamente diferente entre los países miembros del euro y, en consecuencia, las tensiones inflacionistas fueron igualmente diferentes entre los mismos.
En Alemania no tuvieron un efecto significativo, pues esos tipos de interés, aunque bajos, eran superiores a la inflación. Lo mismo ocurrió en Francia, en Holanda y Bélgica. En Italia, los tipos eran demasiado reducidos, pero no provocaron ninguna reacción especial, porque la economía italiana tenía problemas internos que le impedían crecer.
En España los resultados fueron espectaculares a corto y destructivos a largo plazo. Esos tipos de interés, junto con el convencimiento de que la integración en la Unión Monetaria hacía irrelevante el desequilibrio del sector exterior –opinión mantenida, nuevamente, por la inmensa mayoría de los economistas– provocaron un enorme aumento del crédito interno, que comenzó a crecer ininterrumpidamente a ritmos del 20% anual acumulativo. Y ese aumento de la circulación monetaria provocaba que nuestra inflación fuera superior a la de Alemania y a la del conjunto de los países miembros de la Unión Monetaria.
d) La segunda circunstancia negativa: el crecimiento del sector de la construcción
El segundo de los fenómenos inesperados fue que el sector que más creció en España y más empleo creó fue el de la construcción. Por razones de todo tipo, por experiencias históricas, por desconfianza en todo tipo de activos financieros y por la carencia de viviendas acumulada en el pasado, los españoles creyeron que las inversiones más seguras eran las que se hacían en el sector inmobiliario. Lo que era cierto en un comienzo, en 1999, cuatro años después, en 2003, se había convertido sigilosamente en una operación especulativa nacional de alto riesgo. Una operación en la que participaron, impulsándola, los bancos nacionales y los extranjeros. Una operación que era, sólo, una repetición de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.
Nadie reaccionó en los Gobiernos de Aznar ni en los del PSOE de Rodríguez Zapatero a partir de 2004. La única decisión que tomó el Banco de España fue obligar a constituir una provisión genérica en la banca para cuando el ciclo expansivo de la construcción se terminara.
e) La tercera circunstancia negativa: 6 millones de inmigrantes en diez años
El tercer acontecimiento inesperado fue que la demanda de mano de obra para construir era tan grande que en España, a pesar de la tasa de paro del 14% alcanzada en 2000, no había oferta de trabajo suficiente. En el año 2000 comenzaron a llegar grandes contingentes de inmigrantes. En 1998 apenas había 500.000 inmigrantes viviendo en España, la mitad de ellos nacionales de países miembros de la Unión Europea. En 2008 su número alcanzaba los 5 millones y en la actualidad superan los 6 millones. Una inmigración tan alta –de hecho suponía el 50% del total de los trabajadores españoles ocupados en 1994– era una revolución política, económica y laboral. Esos inmigrantes permitieron que el empleo en el sector de la construcción, en las industrias dependientes del mismo y en los servicios necesarios, se multiplicara. A su vez, la demanda de bienes de consumo e inversión de esa población añadida de 6 millones de personas multiplicaron los beneficios de las empresas establecidas y dispararon los ingresos de todas las Administraciones Públicas. Para financiar la incorporación de casi cinco millones de trabajadores a la economía eran necesarios capitales y créditos bancarios, que se encontraron en el sistema financiero nacional y en los extranjeros, que no veían riesgo en esa actividad. España, como país, se endeudó para financiar ese esfuerzo masivo de incorporación de mano de obra, de construcciones de todo tipo y de aumento de la capacidad de producción de todos los sectores.
f) Las consecuencias
El ciclo expansivo de la economía española fue provocado por estos dos errores internos –la entrada prematura en un euro mal diseñado y la renuncia a reformar el mercado de trabajo–, junto con las tres circunstancias analizadas: los bajos tipos de interés y las facilidades crediticias durante diez años, el afán de los españoles por invertir en edificaciones y la llegada incontrolada de 6 millones de inmigrantes, de los que casi 5 millones se integraron en el mercado de trabajo. Este ciclo se centró en la creación de empleo en el sector de la construcción, así como en el industrial y el de servicios ligados al primero, junto con el del sector público, que incrementó sus efectivos para prestar todo tipo de servicios, necesarios e innecesarios. El resto del crecimiento del empleo se produjo en sectores en los que el aumento de la demanda de bienes y servicios de una población que había pasado de 40 a 47 millones lo hacían necesario. Ese tipo de crecimiento económico era poco productivo, porque el sector de la construcción y el de la industria y los servicios dependientes del mismo son poco productivos y aún menos lo es el del sector público.
