El Gobierno del Partido Popular acaba de aprobar el plan de lucha contra el fraude fiscal más liberticida y sancionador de la historia de la democracia con el mero objetivo de aumentar la recaudación para reducir el déficit público. Entre otras medidas, prohíbe los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros; obliga a informar a Hacienda de todas las cuentas y valores situados en el extranjero; endurece de forma sustancial el régimen antifraude en materia de sociedades; y eleva hasta extremos insospechados las sanciones y multas a aplicar.
Lo más aberrante del citado plan radica, sin duda, en la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas en el extranjero, de modo que Hacienda se arroga la potestad de perseguir de por vida a los defraudadores -algo inédito y claramente inconstitucional-. El incumplimiento de esta obligación conllevará, además, un régimen sancionador propio a razón de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros. Igual de sangrante son las medidas encaminadas a facilitar el embargo preventivo de rentas y bienes, evitar el retraso en los pagos, la extensión de la responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas o el aumento de las sanciones por "resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras".
Las multas estipuladas oscilarán entre los 1.000 y los 100.000 euros cuando el sujeto no desarrolle actividades económicas (particulares) y de 3.000 a 600.000 euros en caso de profesionales y empresas.
El ministro Montoro acaba de declarar en España un Estado policial en materia tributaria, ya que el contribuyente es tratado como un delincuente a priori -mientras no se demuestre lo contrario- y es calificado como un criminal de la peor calaña, hasta el punto de establecer la imprescriptibilidad del delito fiscal cometido en el exterior, lo cual no se aplica ni a lo peores asesinos y violadores. El Plan Antifraude del PP es muy similar al propuesto por los comunistas de Izquierda Unida. El Gobierno de Rajoy demuestra así, una vez más, su espíritu netamente socialista al adelantar de nuevo por la izquierda al mismísimo PSOE.
El intervencionismo popular ignora por completo el trasfondo de la problemática. Esta persecución cuasi totalitaria del fraude fiscal no sólo no logrará los objetivos pretendidos, reducir el déficit, sino que acentuará aún más si cabe la denominada economía sumergida. Y es que, la existencia de un elevado volumen de dinero negro en España no radica, precisamente, en la ausencia de un exigente y duro régimen sancionador sino en la aplicación de una de las cargas fiscales más altas y farragosas del mundo desarrollado.
La presión fiscal que sufren los trabajadores superaba ya en 2009 la media de los países ricos. Según el informe Taxing Wages de la OCDE, tan sólo IRPF y Seguridad Social restan a los españoles el 38,2% de su renta anual, una cuantía que sumada al pago de IVA e Impuestos Especiales asciende, ni más ni menos, que al 47%. Es decir, el Estado se queda casi con la mitad del sueldo de los empleados. Este latrocinio institucional, lejos de reducirse, ha aumentado de forma sustancial desde entonces gracias al aumento de impuestos aprobado por PSOE y PP durante la crisis: IRPF, Impuesto de Sociedades, IBI, IVA, Impuestos Especiales, Impuesto de Patrimonio, tributación sobre el ahorro, tasas y tributos a nivel municipal y autonómico... Como resultado, España es hoy uno de los países con mayor carga tributaria del mundo desarrollado pese a contar con una renta per cápita de nivel medio, de forma que el esfuerzo fiscal a realizar es, simplemente, mayúsculo. No en vano, no es lo mismo que el Estado robe el 50% a una renta de 50.000 euros al año -dejando libre 25.000- que a una de 30.000 -permitiendo que el contribuyente disfrute apenas de los 15.000 restantes-.
La situación no es muy diferente para las empresas. Según un estudio de PwC y el Banco Mundial, las compañías nacionales pagan casi el 39% de impuestos sobre sus ingresos netos, lo cual condena a España al puesto 90 del ranking mundial en tributación corporativa. Además, las empresas tienen que hacer frente a una media de ocho pagos tributarios diferentes al año frente a los tres que soporta, por ejemplo, un empresario en Hong Kong, o los cuatro de Georgia o Suecia. Así, no es de extrañar que tengan que dedicar unas 187 horas de trabajo para cumplir con los trámites fiscales que exige el Fisco frente a las escasas 59 horas que invierten los empresarios de Luxemburgo, las 63 de Suiza o las 76 de Irlanda.
Visto lo visto, es del todo lógico que muchos contribuyentes españoles opten por evadir impuestos refugiándose en la tan denostada economía sumergida, ya que el beneficio de defraudar a Hacienda supera en mucho el coste que acarrea cumplir escrupulosamente con el pago de impuestos y el riesgo de sufrir una sanción como resultado de una inspección. El Gobierno trata de combatir ahora este fenómeno elevando los controles y multas a aplicar, lo cual tan sólo agravará el problema. No en vano, encarecer impositivamente el tabaco deriva en un incremento del contrabando, mientras que prohibir directamente la prostitución y la venta de droga o alcohol (Ley Seca en EEUU) acarrea la creación de un mercado ilegal dominado por las mafias, la violencia y un servicio de ínfima calidad. Basta observar el sustancial mercado negro existente en las economías muy intervencionistas o planificadas (Cuba o la antigua Unión Soviética) para percatarse de la inutilidad y contraproducentes efectos de este tipo de medidas. De hecho, tampoco hay que irse muy lejos: millones de familias sobreviven gracias a la economía sumergida que opera en España; combatir este nicho mediante más controles y sanciones sólo condenará a vivir en la indigencia a miles de personas.
La solución es justo la contraria: reducir de forma sustancial la fiscalidad y los trámites para que el pago de impuestos resulte menos costoso que el incumplimiento de la legalidad, y no al revés como sucede hoy día. Los refugios fiscales son, en este sentido, el ejemplo a imitar (ver sus características aquí, aquí y aquí). El fraude es algo inexistente en estos países y, además, su baja tributación permite atraer capital y, como resultado, disfrutar de uno de los niveles de vida y desarrollo más altos del mundo.
Evadir impuestos en economías con un elevado volumen de expropiación tributaria, como es el caso indudable de España, no sólo es algo razonable económicamente hablando sino también legítimo desde el punto de vista moral. Constituye, ni más ni menos, que un acto en defensa propia contra la brutal agresión que ejerce el Estado al apropiarse de forma injustificada con un porción muy sustancial de la riqueza que generan los individuos y las empresas. Al igual que sucede en los países comunistas, en donde eludir la legalidad es una cuestión de supervivencia, la evasión de impuestos injustos es una reacción natural al vil latrocinio que aplica el Estado español.
Artículo 20 del Código Penal:
Están exentos de responsabilidad criminal:
[...]
4. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:
1. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes [...]
2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
3. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
Si queréis cuidar de vuestro futuro hacerlo cuanto antes puesto que esto va a durar muchos años y solo a costa de los trabajadores ahogados por el estado.
Cuanto mayor es el robo del estado, mas supera la necesidad de evitar el robo al riesgo de ser cogido.
La economía sumergida es la que mantiene vivo a este país.
