Hilo general sobre la ley Sinde

Imagen sacada del blog de Juan Andrés Milleiro.

1.- Según la redacción original de la enmienda, la Comisión de Propiedad Intelectual, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podía requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comprarecer en el procedimiento. Es decir, los prestadores estaban obligados a facilitiar los datos necesarios a la Comisión de Propiedad Intelectual (Ministerio de Cultura) para llevar a cabo la identificación sin que un juez lo autorizase.

Ahora, la única diferencia es que un juez debe aprobar la solicitud de tal información: Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación. Por tanto, el juez seguiría sin ser quien juzgue la conducta presuntamente vulneradora, poder que seguiría recayendo sobre la Comisión de Propiedad Intelectual, y se encargaría únicamente de autorizar la comunicación de los datos del demandado.

2.- Se ha detallado la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual:

• La Sección Primera, que ejercerá las funciones de mediación y arbitraje, estará formada por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Cultura, Economía y Hacienda, y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera. Si no es ya ridículo que se aparte al poder judicial del proceso casi en su totalidad, los encargados de juzgar la conducta persuntamente vulneradora serán elegidos a dedo por los subsecretarios de tres ministerios. Conclusión: será el Gobierno quien elija al poder judicial en este caso. Y ya sabemos todos de qué pie cojea el Gobierno (éste tanto como cualquier otro).

• La Sección Segunda, que se encargará de determinar las medidas que deben aplicarse a los infractores, bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia. Para colmo, quien imponga las sanciones será el propio Ministerio de Cultura, insisto, sin tener que ver el poder judicial en el asunto.

3.- Se han fijado los plazos del proceso: el prestador de servicios dispone de 48 horas para retirar voluntariamente los contenidos declarados infractores. Transcurridos esos dos días, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. Si no se ha retirado el contenido y la comisión decide aplicar medidas sancionadoras, deberá esperar a que un juez dé su permiso. Si no era suficiente con cargar contra el responsable que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, el nuevo texto eleva al prestador de servicios a la misma categoría que al anterior, ejerciendo así presión para que, ante una posible denuncia, éste se vea obligado a eliminar la página web sin más.

4.- Como buena noticia, el Ejecutivo se compromete a modificar la aplicación del canon digital en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley (El Mundo; 20 minutos).

Habla FACUA:
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que PP y CiU hayan aceptado apoyar la Ley Sinde tras una simple operación de maquillaje que no altera su esencia y objetivos y continúa con la intención de dejar a los jueces en un papel menos que secundario.

Considera que este enésimo intento de acabar con la esencia de Internet instaurando un nuevo tipo de censura sobre webs que no vulneran la ley está abocado al fracaso ya que chocará con los tribunales. Asimismo, advierte que es otro absurdo obstáculo, propiciado por la industria cultural, a su necesaria reconversión.

Fuente: FACUA.

Opiniones en Twitter:

1. ¿Cuál es el procedimiento para cerrar una web en esta modificación de la ley Sinde?

- Antonio Guisasola, presidente de Promusicae (Productores de Música de España):

"Se crea la comisión que va a recibir las denuncias y analizar los datos sobre quién es el dueño de la web que ha cometido la infracción. Si no consigue los datos, la comisión lo remite a un juez para que se dirija a las operadoras. Cuando tenga todos los datos, mandan un requerimiento al dueño para quite el contenido ilegal. El dueño tiene dos días para contestar y de ahí, se puede llegar a bloquear la página web. Esa resolución pasa de nuevo a un juez".

"Hay que dejar claro que sólo se podrán cerrar webs que, teniendo contenido ilegal y habiendo sido advertidas de ello, no retiren esos contenidos. Sólo aquellas que no atiendan. Por un error o un enlace mal puesto no se va a cerrar una web; sólo en caso de que se empeñe en no quitarlo".

- David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual:

"El denunciante se dirige a Cultura diciendo que hay una supuesta infracción. Cultura solicita a la web que retire el contenido y si no lo hace, puede hacer alegaciones. La comisión del Ministerio resuelve rapidísimo la medida a adoptar; si hay infracción, el cierre o la retirada del contenido. Después se pregunta a un juez si se está ejerciendo un cierre que afecta a los derechos fundamentales y si el juez dice que no, se ejecuta la medida".

"La decisión se toma previamente y al juez se le pregunta después. Es rapidísimo. A la web se le dan 48 horas para que retire voluntariamente los contenidos o cinco días para alegar -cuando en cualquier recurso administrativo son 15 días. La práctica de la prueba son dos días; cinco días para las conclusiones; y la comisión tiene tres días para decidir".

2. ¿Cómo se interpreta que la ley permita clausurar una web cuando se considere que es "susceptible de causar daño patrimonial"?

- Antonio Guisasola: "Se refiere a páginas de enlaces en las que, por ejemplo, no hay una vulneración directa de los derechos de autor. Alude a quien tenga una página que vaya a contribuir a causar un perjuicio, como poniendo el enlace. Poniendo todos los elementos para que un tercero cometa la infracción, se convierte en un cooperador necesario y promueve que se infrinja la ley".

- David Bravo: "Lo interpretará la comisión cuando sea susceptible. La interpretación está absolutamente abierta. Un mero blog que enlace a un vídeo en Youtube podría ser cerrado".

3. ¿Podrán los usuarios seguir bajando series, películas, etc., de sitios de almacenamiento como Megaupload o Rapidshare?

- Antonio Guisasola: "Podrán, pero seguirá siendo ilegal y podrán ser perseguidos en los tribunales civiles. No es un delito pero sí una infracción civil. Megaupload tendrá que mejorar sus licencias porque ya tiene pleitos y acabará enfrentándose con responsabilidades".

- David Bravo: "Sí, en principio no va dirigida a ellos, pero sí a intentar dificultad la manera de hallar esos contenidos. Los usuarios encontrarán otro atajo mejor".

4. ¿Seguirán funcionando los programas P2P como eMule o los basados en BitTorrent?

- Antonio Guisasola: "En este caso, se podría ir contra el programa, pero el P2P queda fuera de esta ley. Sigue siendo infracción civil, no está legalizado".

- David Bravo: "No cambia. Técnicamente, un programa P2P no es un prestador de servicios. El eMule es un programa de los propios usuarios, por lo que esta ley es ineficaz. Directamente no podría ir contra ellos, aunque indirectamente sí les afecta".

5. ¿La limitación a la descarga afecta a los contenidos protegidos por derechos que se visionen por streaming?

- Antonio Guisasola: "Sí, una página como Seriesyonkis.com será de las primeras que reciba un requerimiento".

- David Bravo: "La cuestión es quién aloja el contenido. La comisión puede tener un criterio distinto y denunciar que quien enlaza es también un infractor. Puede ser que un vídeo este Youtube o Megavideo y sin embargo, una web que tiene el contenido embebido y que, según los jueces, no infringe la ley, pero la comisión podría tener un criterio distinto y solicitar la retirada".

6. ¿Puede afectar a otro tipo de sitios que reproducen contenido con derechos como Spotify?

- Antonio Guisasola: "Spotify es legal. Es la versión legal de las páginas de streaming con acuerdos con artistas y productores".

- David Bravo: "Spotify en principio tiene todo atado porque tiene los derechos".

7. ¿Qué puede suponer esta ley para los sitios que alojan contenidos de los internautas, como Youtube, Menéame o cualquier plataforma de blogs?

- Antonio Guisasola: "Youtube ya tiene una política de contenidos no autorizados. No tendrá ningún problema porque tiene una política activa de retirada".

- David Bravo: "Se puede ir contra Youtube, Google, Menéame, etc. En Internet hay continuas fricciones con la propiedad intelectual".

8. ¿Podrá utilizarse la ley para acusar a quienes comparten contenidos sin ánimo de lucro?

- Antonio Guisasola: "Depende. Compartir contenidos sin ánimo de lucro para los que no tienes derechos no es legal. Pero la ley eso no lo toca. Si me llevo un traje de El Corte Inglés, aunque no sea para sacar beneficio de él, no es legal".

- David Bravo: "No puede afectar a quien comparta contenidos sin ánimo de lucro. Pero sí afecta si el contenido se sube sin autorización. El intercambio entre particulares está lejos de ser lo mismo que un prestador de servicios".

Fuente: SER.