#72 Mira tío, si te fijas el notas este no para de postear para que solo se oiga su voz. Dont feed the troll.
Ley no tiene garant�as de constitucionalidad. El Gobierno no ha atendido las consideraciones en este sentido de los �rganos Consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Econ�mico y Social.
La Ley es discriminatoria. Las amenazas y coacciones son delito cuando las comete un hombre y una falta cuando las comete una mujer. Es una barbaridad que existan delitos s�lo para hombres.
La Ley no protege a las personas mayores ni a las que padecen alg�n tipo de discapacidad. Estas personas son especialmente vulnerables al no poder, en muchos casos, ni siquiera interponer una denuncia por s� mismas.
La Ley no ampara a las parejas homosexuales, que son discriminadas en un asunto fundamental como es la lucha contra los malos tratos. La Legislaci�n vigente s� da cobertura a estas parejas, por lo que el texto del Gobierno supone un retroceso.
La Ley no refunde otras normas auton�micas de protecci�n por lo que existe riesgo de solapamiento e interferencias entre administraciones. El Gobierno no ha consultado la Ley con las Comunidades Aut�nomas, cuando estas tiene competencia plena en la mayor�a de las materias objeto de regulaci�n.
La Ley es insuficiente en las medidas protectoras. No contiene las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las v�ctimas y sus familias. La ley ignora las medidas policiales y el uso de instrumentos tecnol�gicos adecuados como brazaletes para controlar al maltratador y los aparatos m�viles de comunicaci�n con la v�ctima.
La ley crea juzgados espec�ficos para maltratadas lo que, lejos de ayudar a las mujeres v�ctimas, las condena a ser juzgadas en "guetos". No pueden existir juzgados por raz�n de sexo, igual que no pueden existir juzgados por raz�n de raza o religi�n.
La ley carece de medidas para agilizar los tr�mites de separaci�n y divorcio. La inclusi�n de estas medidas resulta fundamental por el alt�simo porcentaje de mujeres que son asesinadas durante el proceso de separaci�n.
La ley no cuenta con financiaci�n suficiente. La memoria econ�mica que ha presentado el Gobierno es confusa y no detalla el presupuesto art�culo por art�culo, por lo que no tiene credibilidad.
La ley no ha contado con suficiente di�logo y debate social, se ha elaborado a toda prisa y sin rigor. La ley ha sufrido cr�ticas desde todos los �mbitos: sociedad civil, expertos juristas, administraciones auton�micas, grupos parlamentarios, instituciones y medios de comunicaci�n. Se puede mejorar la ley sin que la protecci�n de las mujeres maltratadas se vea disminuida.