Los partidos se han puesto de acuerdo para sacar adelante la nueva Ley de Protección de Datos, que les permitirá construir perfiles ideológicos de los ciudadanos y freírles luego a spam electoral.
3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.
Este artículo exime a los partidos de los requerimientos que deben cumplir las empresas en Internet. Ningún partido se ha opuesto.
Lo que dicen los expertos:
Varios juristas han advertido sobre la posibilidades que abre esta modificación del Régimen Electoral. Jorge García Herrero, abogado especializado en protección de datos, fue el primero en dar la voz de alarma: los cambios dejan "las manos libres para unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir el poder".
Yolanda Quintana, coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión ( PDLI) señala que esta ley "convierte los datos personales en mercancía electoral". La organización considera "escandaloso" que la nueva ley de protección de datos "permita a los partidos prácticas como las de Cambridge Analytica, al dar carta blanca a la realización de perfiles ideológicos para el envío no solicitado de propaganda electoral sin el consentimiento de los usuarios".
Borja Adsuara, jurista experto en derechos digitales y miembro del Jurado de la publicidad, se ha unido a la protesta. Adsuara califica el artículo como "el Cambridge Analytica español". "Quieren permitir la escucha activa de las redes para hacer bases de datos con información sobre la ideología política de los usuarios. Con la normativa actual eso no se puede hacer, así que han añadido una excepción especial para ellos", explica a eldiario.es.
Y eso no es todo. El texto regulará el derecho de rectificación sin control judicial:
Por lo que se puede leer en el proyecto de ley, a partir de ahora todo el que quiera que un medio o una plataforma digital retire una información que considere errónea sobre su persona podrá pedir que lo hagan sin tener que pasar por ningún tribunal. El medio no estará obligado a retirarla, pero deberá colocar a la vista un aviso en rojo que muestre que ese contenido “no refleja la situación actual del individuo”.
“Es una norma pensada para casos como el de Pablo Casado y su máster, por eso todos se han puesto de acuerdo para aprobarla. Como ahora la sentencia dice que no hay caso, el PP podría pedir a los medios que rectificasen todas las informaciones sobre este asunto sin tener que ir a los tribunales”, explica Almeida. Y no solo hablamos de medios, ya que la ley también habla de redes sociales o foros.
