¿Qué nos puede decir del levantamiento en Chile, que probablemente sea el acontecimiento más importante? ¿Qué lo desencadenó y cómo se está desarrollando en estos momentos?
La historia y la dinámica de la rebelión en Chile son diferentes de las de los otros países. Chile no estuvo en sintonía con las tendencias regionales de radicalización popular de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. En parte se debe a que la dictadura militar de Augusto Pinochet desde 1973 hasta 1990 aniquiló a gran parte de la izquierda organizada de modo que la élite se enfrentó a una muy mermada oposición a su transición controlada a la democracia liberal, que mantuvo la base neoliberal de la economía introducida por primera vez por Pinochet con la ayuda de los Chicago Boys a mediados de la década de 1970.
Todos los gobiernos entre 1990 y 2010 estuvieron formados por una coalición de centro izquierda llamada Concertación [de Partidos por la Democracia] que incluía al Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. El reinado de Concertación terminó con la formación en 2010 del gobierno de Sebastián Piñera perteneciente al partido Chile Vamos, una coalición de partidos de centro derecha y derecha. La coalición que sucedió a Concertación, Nueva Mayoría, regresó después al poder con la segunda presidencia de Michelle Bachelet (2014-2018), a la que siguió la vuelta de Piñera a la presidencia en marzo de este año.
Durante todo el período posterior a la dictadura Chile fue considerado en un modelo de crecimiento neoliberal y de estabilidad política. Aunque con varias enmiendas, continúa vigente la constitución promulgada en 1980 bajo la dictadura. En los años inmediatamente posteriores a la crisis mundial de 2008 el producto interior bruto creció a unos niveles razonablemente altos según los criterios regionales (5,8 en 2010, 6,1 en 2011, 5,3 en 2012 y 4,0 en 2013) antes de disminuir tras el final del auge de los productos básicos y llegar a unas tasas de crecimiento del 1,8, 2,3, 1,7 y 1,3 % entre 2014 y 2017. Con todo, la acumulación se recuperó en 2018 con un crecimiento del PIB del 4,0 %, aunque en 2019 está disminuyendo de nuevo a medida que se deteriora la economía mundial.
La ideología dominante, que comparten tanto el centro izquierda como el centro derecha, se ha basado en el aislamiento tecnocrático de los políticos y la despolitización de la sociedad, de modo que la tiranía impersonal del mercado puede actuar libremente como árbitro supremo del conflicto social. Aunque el crecimiento ha sido comparativamente estable, la pobreza en Chile es escandalosa. Diez multimillonarios chilenos se jactan de que la suma de sus activos equivale al 16 % del PIB.
La columna Bello de la revista conservadora británica The Economist ofrecía esta semana una observación reveladora: "Hace algunos años su columnista asistió a una fiesta de unas 60 personas en Santiago. Un amigo le susurró al oído: '¿Te das cuenta de que la mitad del PIB de Chile está en esta habitación?’”.
Mientras tanto, las clases trabajadora y media viven del crédito, se endeudan para pagar los enormes costos de la vida debidos a la privatización de la educación, la salud, las pensiones, las carreteras y los servicios de agua, y a los draconianos impuestos ocultos que se imponen a las personas pobres, como los altos precios del transporte público. La deuda de los hogares en Chile es la más alta de América Latina, un 45,4 % del PIB; como es sabido, el endeudamiento personal de la clase trabajadora es un enorme látigo disciplinario en manos del capital, un látigo que obliga a las personas trabajador a s a trabaj ar cada vez más para mantenerse a flote . Una de las amargas ironías de la situación actual es que Piñera hizo gran parte de su riqueza, que se calcula en 2.800 millones de dólares, introduciendo la deuda de las tarjetas de crédito entre las clases populares chilenas.
La desigualdad también llega al sistema jurídico, en el que es un secreto a voces que todos los principales partidos políticos actúan en connivencia ilegal con los grandes oligopolios del país. Incluso en los raros casos en que salen a la luz y son acusados legalmente de culpabilidad, no se envía a los peces gordos a la cárcel, sino que se les imponen pequeñas multas que ni siquiera pretenden cubrir los beneficios obtenidos con sus transacciones corruptas.
Mientras tanto, los guardias de seguridad privados (y en los barrios más pobres, la policía armada) vigilan a los usuarios de la clase trabajadora de las rutas de microbuses de las principales ciudades para detener a quienes no paguen el billete. Las multas pueden ser enormes, el equivalente a varios cientos de dólares e incuso la cárcel. Como sin duda veremos en esta entrevista, los sentimientos solidarios de clase implican una simpatía generalizada por quienes no pagan el billete y una antipatía igualmente enorme por los evasores de impuestos corporativos y sus aliados políticos.
¿Cómo se ha cuestionado en las últimas semanas esta austeridad neoliberal?
En una entrevista publicada en Financial Times el 17 de octubre y que puede que le atormente, Piñera reflejó el ethos del modelo chileno visto desde la perspectiva de la clase dirigente: “Mire América Latina”, afirmó Piñera. “Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil estancados, Perú y Ecuador en una profunda crisis política y en este contexto Chile parece un oasis porque tenemos una democracia estable, la economía está creciendo, estamos creando empleos, estamos mejorando los salarios y estamos manteniendo un equilibrio macroeconómico. […] ¿es fácil? No, no lo es. Pero merece la pena luchar por ello”.
Al día siguiente el país explotó y el "oasis" se convirtió en un “meme” popular que ridiculizaba a Piñera. Si el desencadenante en Ecuador había sido el aumento de los precios del diésel y la gasolina, en Chile fue el aumento de las tarifas del metro público de Santiago. Esta ciudad tiene uno de los sistemas de transporte público más caros del mundo, que tiene una subida acumulada de las tarifas del 40 % entre 2010 y 2015.
El primer actor que se movió fue el movimiento estudiantil que organizó una manifestación de "evasión masiva" en el metro en la que no se pagó el billete en un acto colectivo de resistencia. La policía respondió con una represión estatal gratuita que alimentó la ira popular y el apoyo a la acción de no pagar el billete.
Las fuerzas de seguridad del Estado emplearon aún más violencia, el presidente declaró rápidamente un estado de emergencia que suspendía varios derechos constitucionales, imponía el toque de queda primero en Santiago y después en muchas ciudades del país, y por primera vez desde 1990 enviaba a los militares a las calles con vehículos fuertemente blindados. En otro guiño a la oscura era de Pinochet, Piñera anunció que el régimen estaba "en guerra" con un poderoso enemigo interno.
Se disparó el sentimiento antidictatorial mayoritario y la población cobró vida, violó el toque de queda y los draconianos intentos del estado de emergencia de acabar con los derechos de reunión y movimiento. Una heterogénea amalgama de clases populares y de la clase media endeudada de forma generalizada y en descenso social estalló al unísono. Una dialéctica de masificación del movimiento y represión estatal barrió el país durante dos semanas. Se organizó un movimiento que trascendía con creces la subida de 30 pesos del precio del billete. Como dice una consigna viral, ¡no es por 30 pesos, sino por 30 años!.
Todo el modelo posterior a la dictadura de opresión neoliberal se ha puesto en tela de juicio. Prácticamente ninguna institución política o estatal del país tiene credibilidad alguna para la población. Ha quedad expuesto el orden socioeconómico realmente existente del neoliberalismo chileno, todo el edificio se basa ahora abiertamente en la coerción militar y policial de la vasta mayorí.
Quienes leyeron las encuestas elaboradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre los sentimientos de la ciudadanía acerca de las instituciones estatales en los últimos años deberían haber tenido la sensación de que era inminente una implosión. En varios momentos entre 2017 y 2019, del 80 % al 95 % de las personas encuestadas sugirieron que no tenían confianza en el Estado, los partidos políticos o los políticos. La crisis de representación había llegado a ser total.
Las manifestaciones masivas y las caceroladas van de la mano de una insurrección desenfrenada sin precedentes en la historia reciente de Chile. El objetivo de una lógica de clase eran las estaciones de metro, los supermercados, los centros comerciales, los puntos de venta de objetos de lujo y las sedes de compañías de energía para saquearlos y quemarlos, mientras que las tiendas pequeñas se protegieron.
En las ciudades se levantaron barricadas y las refriegas con las fuerzas de seguridad sacaron a la luz una profunda ira desde abajo que contradecía la imagen oficialista de Chile. Se calcula que 1,2 millones de personas se manifestaron en Santiago en la que quizás fue la mayor manifestación de la historia del país y en todo el territorio nacional la sorprendente cantidad de dos millones de una población total de 18 millones de personas acudió a las manifestaciones.
Fueron detenidas unas 3.000 personas y hubo denuncias generalizadas de tortura, violaciones y agresiones sexuales a las personas detenidas por parte de la policía y el ejército. Las autoridades estatales afirman que la cantidad de personas muertas es de 20, pero basándose en videos compartidos en las redes sociales y que muestran imágenes de una represión y unos crímenes estatales inmensos, las personas activistas del movimiento social calculan que la cifra real de personas muertas se cuenta por varias docenas y que la cantidad de personas heridas graves es muy alta debido al uso indiscriminado de balas de goma.
El director democristiano de l Instituto Nacional de Derechos Humanos ( INDH ) , la institución estatal responsable de supervisar los compromisos del Estado en materia de derechos humanos, ha sido criticado por no cumplir intencionadamente con sus obligaciones . La violencia estatal coercitiva parece haber sido mayor y más feroz en los barrios periféricos urbanos habitados por personas pobres, como los barrios trabajadores de Puente Alto y La Florida en Santiago, en los que viven un millón de personas trabajador a s, así como en Maipú, al oeste de la ciudad, donde viven otras 500.000 personas.
¿Cómo están las cosas en estos momentos a raíz de la presente oleada de protestas y represión?
Parece que el polvo va asentándose, al menos en esta ronda de revueltas. Piñera -cuyo índice de aprobación es ahora del 14 %, el más bajo que ha tenido un presidente desde que se restableció la democracia liberal- ha suspendido el estado de emergencia y los toques de queda y ha retirado el aumento de tarifas. En vergonzosa contradicción con la proyección internacional de Chile como paraíso neoliberal, el gobierno se vio obligado a cancelar la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que estaba programada para noviembre, así como la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP25, que tendría lugar en diciembre.
Piñera ha sacrificado a dos de sus aliados más cercanos en el gabinete, el ministro de Finanzas, Felipe Larraín, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuyas manifestaciones públicas de desprecio por el pueblo chileno en las últimas dos semanas hicieron insostenible que permanecieran. Han sido reemplazados por Ignacio Briones y Gonzalo Blumel, respectivamente, dos caras más centristas y moderadas del régimen.
El presidente también ha anunciado un paquete social de 1.200 millones de dólares, dirigido a calmar el descontento popular. El Congreso también discutirá la reforma progresiva de las pensiones y los salarios, y el presidente ha prometido que se introducirán impuestos más altos a los ricos y que los precios de innumerables servicios sociales privados se fijarán a tasas más asequibles. También se debe tener en cuenta que la legislación respaldada por el Partido Comunista para reducir la semana laboral chilena a 40 horas se aprobó en la cámara baja del Congreso el 24 de octubre, en clara expresión del poder popular en las calles.
¿Qué organizaciones se involucraron en el levantamiento? ¿Cuánto tuvo de espontáneo? ¿Qué ideas y demandas políticas prevalecieron sobre otras en estos días de la ira?
Un recuento exacto requerirá de un estudio mucho más exhaustivo en los próximos meses. Pero puede arriesgarse una valoración preliminar. Primero, las infraestructuras construidas del movimiento estudiantil en los últimos años fueron obviamente un elemento clave para su inicio. Hubo ya movimientos iniciales en 2001, con 50.000 estudiantes de secundaria en Santiago tomando las calles.
En 2006 la llamada revuelta de los pingüinos -en referencia a los uniformes blancos y negros de los estudiantes de secundaria- involucró a 1,4 millones de estudiantes en todo el país y constituyó la mayor de las manifestaciones desde las movilizaciones a favor de la democracia en los últimos años de la dictadura. En 2011 las movilizaciones de estudiantes universitarios se hicieron aún más numerosas y se vincularon de diferentes maneras a las acciones incipientes de los trabajadores, las luchas de liberación de los mapuches y otros indígenas y los movimientos socioecológicos.
Las formas asambleístas de la democracia de masas fueron reintroduciéndose en la cultura política chilena, y las mujeres y los jóvenes estuvieron a la vanguardia de un movimiento de masas que tenía un enorme apoyo popular en la sociedad en general. Debe recordarse que Piñera estaba en el poder en aquel momento. Su índice de aprobación en el apogeo de las protestas cayó al 26 % -casi el doble de lo que es ahora- y marcó un mínimo desde la dictadura.
Cuando dejó el cargo de presidente en 2014, los miembros de su gabinete le regalaron el libro de Charles Tilly, Los movimientos sociales, 1768-2012, para que pudiera entender por qué su tiempo en el poder había sido tan miserable. Hasta la fecha parece que no ha tenido la oportunidad de leer el libro. Los estudiantes organizaron la acción inicial de evasión y el edificio de la Federación de Estudiantes en Santiago se convirtió en una de las sedes de coordinación de movilizaciones en la capital en los días y semanas siguientes.
Segundo, al igual que en Argentina, ha surgido recientemente en Chile un movimiento feminista de izquierdas militante, masivo y heterogéneo. Y hay claras coincidencias con la radicalización estudiantil y las infraestructuras organizativas de los últimos años. Inspirados por los acontecimientos en la vecina Argentina en 2016 y 2017, hacia finales de 2017 las militantes estudiantiles chilenas comenzaron a organizarse con otros grupos para el contingente de su país en la prevista huelga internacional feminista del 8 de marzo de 2018. Activistas feministas involucradas en agroecología, vivienda, territorios, educación, salud, trabajo, pensiones, lucha contra la violencia de género y a favor del aborto convergieron en la organización de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, asegurando la participación de 28 ciudades chilenas y de 100.000 personas en la vía pública principal de Santiago.
A raíz de ese éxito empezaron de inmediato a organizarse para la huelga del 8 de marzo de 2019. En palabras de Alondra Carrillo Vidal, “decidimos darnos un año para prepararla, y desarrollar tres objetivos en el proceso: transversalizar el feminismo dentro del movimiento social, es decir, expandir una perspectiva feminista en la actividad de las organizaciones sociales y así ampliar el significado mismo del movimiento feminista; dinamizar las articulaciones entre organizaciones distintas y plantear una agenda común de movilizaciones contra la precarización de la vida. Decidimos, para que nadie pudiera decirnos por qué estábamos luchando, redactar un programa y hacerlo en una Reunión Plurinacional de Mujeres en Lucha”.
En mayo de 2018 se había formado la organización paraguas 8M Coordinadora Feminista. En el evento la huelga feminista del 8 de mayo de 2019 en Chile fue una de las mayores manifestaciones en la historia chilena, al menos hasta la ola de actividad casi insurreccional de las últimas semanas.
En medio de las últimas luchas la Coordinadora Feminista de 8M fue la primera organización en convocar una huelga general, secundada por los sindicatos militantes de trabajadores portuarios, junto con algunos sindicatos de las minas del cobre. Los trabajadores portuarios acaban de poner fin a una exitosa huelga seccional de los puertos chilenos en noviembre-diciembre de 2018. Los trabajadores portuarios aseguraron que se disponían a cerrar 20 puertos.
Federaciones de estudiantes en todos los niveles garantizarían que las escuelas y universidades estuvieran cerradas. Bajo presión las confederaciones sindicales centrales más moderadas, lideradas principalmente por el Partido Comunista, se vieron obligadas a respaldar la huelga. Así pues, el 23 de octubre cerraron bancos y empresas, se suspendieron las clases y se paralizaron 20 puertos, cerró el 75 % del sector industrial y otras secciones de la industria funcionan solo a la mitad de su capacidad.
La Coordinadora Feminista del 8M, según una de sus líderes, Karina Nohales, también estableció una comisión de investigación en un intento por descubrir el número real de muertos, desaparecidos y heridos, así como para exponer el alcance de la violación y el asalto sexual a las mujeres detenidas por parte de militares y policías, sobre lo cual los medios de comunicación han guardado silencio.
Tercero, los partidos políticos fueron marginales en el desarrollo de la cuasi-insurrección de Chile en octubre, incluidos los partidos de la izquierda. Los únicos dos partidos de izquierda con alguna credibilidad entre las clases populares son el tradicional Partido Comunista y la coalición del Frente Amplio, mucho más nueva, que agrupa a varias corrientes de la nueva izquierda de Chile; el Frente es en sí mismo el resultado del proceso de movilización de 2011 iniciado por los estudiantes universitarios. Si bien los militantes de estos partidos estaban muy involucrados en los disturbios en sí, el sentimiento antipartidista de las masas parecía extenderse también a ellos, aunque en menor grado, lo que imposibilitaba que cualquiera de ellos proporcionara liderazgo y coordinación.
El mito del oasis neoliberal de Chile ha quedado roto. Si bien las movilizaciones parecen haberse calmado por el momento, enormes capas de la sociedad popular han perdido el miedo a la violencia estatal junto al respeto que tenían por la autoridad estatal. Y ha quedado claramente expuesta la violencia detrás del discurso tecnocrático de mercado de los principales políticos chilenos. Existe una disposición a favor de la lucha de clases militantes por parte de la heterogénea clase trabajadora chilena, y las clases medias precariamente endeudadas se han radicalizado y están moviéndose hacia la izquierda.
Pero la política en las calles carece de claridad y está cambiando constantemente. La política de calle en una atmósfera de clases múltiples y sentimientos indiscriminados “antipolítica” puede cambiar rápidamente. Mientras los trabajadores precarizados de la clase trabajadora con una política de izquierdas contra los aumentos de las tarifas dominaron las calles en junio de 2013 en Brasil, dos años después una política pequeño-burguesa de extrema derecha de anticorrupción, seguridad y restauración del orden tomó el control de la calles y se convirtió en la base masiva extraparlamentaria dominante de Bolsonaro.
Queda por ver si las mejores corrientes dentro del Frente Amplio podrán alejar a los partidos en su conjunto del énfasis en la política parlamentaria y a favor de una realineación radical con los sentimientos antisistema de la calle. Existe la posibilidad de que el Frente, junto con organizaciones sociales clave como la Coordinadora Feminista de 8M, se convierta en un laboratorio a través del cual una política anticapitalista radical, más sistematizada y más coherente, pueda cohesionar una especie de “buen sentido” gramsciano entre las capas de la clase trabajadora que participaron en este ciclo cuasi-insurreccional.
Como Noal Titelman ha señalado, pocos de los que están en las calles en las últimas semanas son miembros de sindicatos y mucho menos de partidos políticos. Muchos de los activistas son muy jóvenes y muchos son mujeres. Puede perderse una gran oportunidad para el futuro de la izquierda chilena y sería peligroso en un escenario político cuyo resultado es todavía increíblemente indeterminado.
