El sobre el déficit en España y neocentralismo

Empieza a cansar ya la maquinaria propagandística el gobierno en su intento de culpabilizar a las Comunidades Autónomas de los problemas de déficit de España. A base de repetir aquello de que “la mayor parte del déficit proviene de las comunidades autónomas”, al final parece que sea verdad. Hoy mismo he visto un debate en La Cuatro donde un periodista del Partido Popular atacaba a las CCAA diciendo que eran responsables de dos terceras partes del déficit total. Pero todos sabemos que una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad sino que sigue siendo una mentira repetida mil veces.

En la siguiente Tabla (y en el gráfico que encabeza este post) utilizo los datos que publicó el ministro de hacienda, don Cristóbal Montoro en el primer trimestre de 2012 ) el déficit total de los gobiernos de España era de 91.344 millones de euros. De este monto total, 31.541 millones (es decir, el 35% del total, repito, el 35% del total) correspondían a las Comunidades Autónomas. 54,739 millones (es decir, el 60% del total) correspondían a la Administración Central del Estado. 4.069 millones (el 4% del total) eran de las administraciones locales y finalmente unos 995 millones eran de la Seguridad Social (el 1%).

Es decir, el 60% del déficit del reino de España corresopnde a la Administración Central el Estado. Por lo tanto, quien dice que la mayor parte del déficit no corresponde a las Comunidades Autónomas está faltando a la verdad.

En base a esos datos, uno puede seguir en su intento de recentralizar la administración de España, uno puede pensar que si los hospitales fueran administrados por el gobierno central no gastarían tanto, uno puede seguir pensando que los 91.344 millones de déficit son por culpa de las televisiones públicas o las embajadas de Catalunya o uno incluso puede pensar que la mejor manera de recortar el déficit total es obligar a recortar a las autonomías a pesar de que el 60% del déficit es de la administración central del estado. La libertad de expresión ampara la libertad que tiene la gente de opinar. Lo que no ampara es la libertad de fabricar realidades o engañar a la gente falsificando los datos.

Vamos a suponer dos situaciones inverosímiles: la primera es que salgamos de la crisis; la segunda, que lo hagamos con el ánimo suficiente para reconsiderar la organización territorial de España. Por si estas circunstancias se dieran, aprovecho esta ocasión para exponer unos criterios acerca de la credibilidad que atribuiría a quienes promovieran el federalismo. Se trata de criterios absolutamente subjetivos, sin la menor intención de presentarlos como los rasgos de lo que sería el “verdadero” federalismo. El mío, el federalismo en el que creo, es una teoría normativa, que postula la conveniencia de distribuir territorialmente el poder. No lo concibo como el mínimo denominador común de las federaciones existentes. En ellas predomina el federalismo llamado “cooperativo”, que ampara la centralización resultante de una colaboración desigual. El gobierno federal, aunque no tiene competencias, tiene dinero. Así despliega sus programas ignorando los límites competenciales a los que debiera someterse. Las iniciativas del gobierno central prosperan, porque obtiene el consenso que se forja en las oportunas conferencias sectoriales, en la que están representadas las entidades federadas. La aquiescencia de los gobiernos federados es voluntaria, aunque he llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones la aceptación se explica por el dinero que obtienen o por la disciplina de partido que asumen. Es decir, el partido, que puede incluso exhibir el federalismo como seña identidad, impone su línea a los gobiernos de su mismo signo que rigen en los estados federados.

Me parece que queda clara mi desconfianza hacia el federalismo cooperativo. Ya conozco la definición de federalismo como “autogobierno más gobierno compartido”. Y me gusta, pero bajo el nombre de federalismo cooperativo creo que disminuye el gobierno compartido: se comparte demasiado gobierno, y a veces con el partido. Para mí, pues, la credibilidad de cualquier propuesta federalista requiere el reconocimiento de la importancia del autogobierno, como pilar fundamental. Algunos opinan, y la razón puede acompañarles, que el federalismo debe combatir la secesión. Me convencerían más si exhibieran el mismo entusiasmo en luchar contra el centralismo. Podrían hacerlo si se manifestaran partidarios de rechazar cláusulas constitucionales que llegan a ser un verdadero comodín en manos del gobierno federal, para que gaste el dinero en lo que le plazca, tenga o no la competencia para hacerlo. En España tenemos, entre las competencias exclusivas del Estado, la que permite que dicte las bases y coordine “la planificación general de la actividad económica” (artículo 149.1.13 de la Constitución). ¿De verdad puede creer alguien que la actividad económica de España está sometida a la “planificación general” del Estado? Pues ese título competencial se invoca con profusión, hasta el extremo de amparar la subvención de un “estudio sobre el establecimiento de indicadores de bienestar animal de pollos y conejos” Quien piense que he obtenido la cita de un chiste del gran Forges, se equivoca: que consulte el convenio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Comunitat Valenciana que publicó el BOE del 31 de enero de 2008. Aunque el régimen de vida de muchos animales de granja sea propio de un infierno totalitario, los ciudadanos no vivimos bajo la planificación general de la economía. Nos habríamos enterado. De haberla, dado que el Estado puede “planificar la actividad económica general” según el artículo 131 de la Constitución, habría dictado la correspondiente ley que exige el mismo precepto, que también impone que se cree un Consejo de planificación. No está ni se le espera, aunque ello no ha impedido una nutrida jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha avalado el uso del artículo 149.1.13 para favorecer al Estado en sus conflictos de competencia con las comunidades autónomas.

A propósito del Tribunal Constitucional, quiero destacar la importancia que tiene el papel del órgano jurisdiccional que en una federación resuelve los conflictos de competencia. Sus decisiones son inapelables, y por ello debe ser y parecer independiente. Para eso hace falta que quienes lo componen lo sean y lo parezcan, y que su nombramiento obedezca a criterios que favorezcan esa independencia. He llegado a la conclusión de que mejoraría la credibilidad del federalismo que reclamara que el Tribunal Constitucional se formara con la participación, no sólo de los órganos constitucionales federales, sino también de la representación de los estados que componen la federación. Así se garantizaría la posibilidad de vetar a magistrados excesivamente centralistas o autonomistas desaforados. De ello se deduce que el promotor de un federalismo que acepte un Tribunal Constitucional como el español topará con reticencias de mi parte. El control de la distribución constitucional de competencias empezó cuando se lo atribuyó a sí mismo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Desde entonces, se ha dado por bueno que sus equivalentes sean órganos solamente de la federación, y no también de los estados miembros. Si se ha mantenido esa pauta en tantos estados federales, debe ser por algo. Que no me convence, porque también es común recordar el papel centralizador de esos órganos jurisdiccionales.

El café sin cafeína tiene sus partidarios. El federalismo sin autogobierno parece que también, pero yo paso.