Pongo la noticia, que acaba de saltar
Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo de su marido. El procedimiento gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el caso está en manos del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla. Entre las primeras diligencias ordenadas por el juez está la citación de varios testigos. Como desveló El Confidencial, el IE Africa Center de Begoña Gómez firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia. Además, la mujer del dirigente socialista se reunió en privado con el consejero delegado del 'holding' turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía. En esas mismas fechas, Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a las consecuencias del covid. Finalmente, el Ejecutivo de Sánchez concedió a la aerolínea de la familia Hidalgo, Air Europa, una ayuda de 475 millones de euros. Ninguna otra compañía privada recibió tanto dinero del fondo de rescate de la SEPI. Sánchez participó en el Consejo de Ministros que autorizó la entrega del dinero.
Además, Begoña Gómez firmó en julio de 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. El principal accionista de la UTE, el empresario y consultor Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez. La alianza apoyada por la mujer de Sánchez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid. La UTE no presentó en ninguno de los tres concursos la oferta más barata, pero logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.
Influir en funcionarios públicosLa denuncia que ha provocado la apertura de diligencias ha sido presentada por el sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, que fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa. Sin embargo, el Tribunal Supremo le absolvió recientemente al considerar que no existían pruebas suficientes de las presiones que se le atribuían. La querella reclama la citación como investigada de Begoña Gómez. También solicita al juez que recabe las cartas de recomendación de la esposa del presidente hacia Barrabés y todos los expedientes adjudicados al empresario, así como que lleve a cabo otra serie de diligencias, entre ellas, la comparecencia de testigos.
La denuncia señala la existencia de delitos vinculados con el artículo 429 del Código Penal en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades "prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este" para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Por otra parte, el delito de corrupción privada se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes "prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros". También afecta a aquellos que "reciban, soliciten o acepten" esos beneficios o ventajas.
Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo de su marido. El procedimiento gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado
