Una cuestión compleja, sin duda, y sobre todo una que nos lleva a examinar las múltiples capas de responsabilidad en una situación como esta. Cuando hablamos de los fallos en un sistema tan vasto y articulado como el de la respuesta ante emergencias, el problema no se reduce a una sola causa ni a una única entidad.
Primero, el funcionamiento del Estado y la coordinación entre el Gobierno central y las autonomías se enfrenta a retos históricos y estructurales que se vuelven especialmente visibles en contextos de crisis. Estos desafíos de cooperación y asignación de recursos vienen de una arquitectura que a veces no termina de resolver las competencias adecuadamente, resultando en respuestas fragmentadas y, en algunos casos, ineficaces.
A esto se añade la falta de cultura meteorológica, una cuestión de educación y sensibilización que no se desarrolla de la noche a la mañana. Aunque se cuenta con la información necesaria para alertar sobre fenómenos adversos, todavía es común que no se interiorice plenamente la magnitud de sus posibles efectos. Aquí, la responsabilidad no sólo recae en las autoridades, sino en la sociedad en su conjunto y en la capacidad de entender y responder adecuadamente ante este tipo de advertencias.
En cuanto a la red de vigilancia y alerta meteorológica, la carencia de inversión y actualización tecnológica en algunas áreas clave revela limitaciones evidentes en la capacidad de anticipación y reacción. Este es un punto crítico: sin datos de calidad y sin redes de alerta robustas, es difícil gestionar y mitigar las consecuencias de eventos extremos.
La gestión de montes y ríos también es otro pilar. Se trata de un equilibrio entre proteger el medio ambiente y permitir labores de limpieza que reduzcan el riesgo de incendios o inundaciones. Las restricciones sobre estas prácticas en ocasiones buscan conservar ecosistemas, pero muchas veces ignoran o minimizan los riesgos naturales, generando un dilema entre la preservación y la seguridad.
En cuanto al uso de las Fuerzas Armadas en labores de rescate, búsqueda y logística, aquí encontramos otra discusión sobre competencias y la efectividad en la respuesta ante situaciones que claramente superan los recursos locales. Las FAS han demostrado su capacidad y rapidez en situaciones de emergencia, pero su intervención sigue regulada por criterios administrativos que a veces retrasan o limitan su participación.
Por todo ello, cuando se analiza de quién es la culpa, se vuelve evidente que no se trata de una sola entidad o figura. La responsabilidad recae en todos: en quienes toman las decisiones, en quienes gestionan recursos y en quienes, como sociedad, debemos participar en la prevención y respuesta. Así que, sí, la culpa es de todos y de nadie a la vez.
