La reforma constitucional supera su primer trámite gracias a PSOE, PP y UPN
El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la toma en consideración del proyecto de reforma de la Constitución pactado por el PSOE y el PP para fijar un límite de endeudamietno público en la Carta Magna. Un total de 318 diputados han votado a favor, 16 lo han hecho en contra y dos parlamentarios se han abstenido.
Los diputados que han votado en contra son los de PNV, ERC-IU-ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai, así como el ex sindicalista Antonio Gutiérrez, único diputado del Grupo Socialista que rompió la disciplina de partido. Al bloque mayoritario de PSOE y PP que apoyó la reforma se sumó el único diputado de UPN. Las dos abstenciones correspondieron a Coalición Canaria. Por su parte, los 10 diputados de CiU no han participado en la votación pese a estar presentes, en un gesto de protesta inédito en la Cámara.
Al inicio del debate, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha defendido la reforma constitucional pactada entre su partido y el PP como la mejor manera "de despejar incertidumbres" en un contexto económico internacional complicado. "Somos un país cumplidor en el pago de nuestras deudas y no debe haber ninguna deuda al respecto", ha afirmado desde la tribuna del Congreso al inicio del debate sobre la toma de consideración.
"Mantener la estabilidad financiera es lo que nos permitirá preservar el nivel de conquistas sociales, por el que los socialistas siempre hemos luchado", afirmó José Antonio Alonso.
Alonso ha destacado las "fortísimas tensiones en los mercados financieros" que se han vivido en los últimos tiempos y que, según ha advertido, "si se mantuvieran en el tiempo pondrían en riesgo las políticas sociales y el Estado de bienestar".
El dirigente socialista se esforzó en su intervención en asegurar que no se puede interpretar que esta reforma suponga una amenaza a las políticas sociales, y explicó que "el compromiso de estabilidad presupuestaria que se recogerá en la Constitución no supone recortes del gasto social".
Citando a Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que provocó el único aplauso de su grupo durante su intervención, explicó que lo que caracteriza a las políticas progresistas "es que la izquierda gasta en profundizar en la igualdad. Y ésa es nuestra marca distintiva a lo que no vamos a renunciar".
Por ello, Alonso insistió en que la reforma busca precisamente lo contrario de lo que se está denunciando por distintos colectivos sociales y políticos de izquierda, "porque la estabilidad presupuestaria es imprescindible para seguir financiando el gasto social y no nos podemos permitir deber en exceso", afirmó.
Por parte del PP, ha intervenido la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría, quien también ha incidido en la importancia de la reforma constitucional debido a la "incertidumbre" internacional y con el objetivo de "restituir la confianza" en la economía española y para garantizar el "bienestar social".
Sáenz de Santamaría ha destacado el consenso entre los dos grandes partidos para llevar a cabo una reforma que ha calificado de "necesaria", "oportuna" y "responsable".
La dirigente 'popular' ha querido darle prosopopeya a la reforma constitucional asegurando que lo que está trasladando es que "somos un país que confía en sí mismo y en el que los demás pueden confiar". "En tiempos de grandes debates, España responde con un gran acuerdo", resolvió la portavoz del PP.
Pero este tono solemne, no impidió que enviase un mensaje crítico a los socialistas a los que recordó que "nada amenaza tanto las conquistas sociales como unas cuentas públicas insostenibles" y que "no hay política social si no se aseguran los recursos para mantenerla".
Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que "no se trata de rebajar el poder de las autonomías sino de reforzar la lealtad entre las administraciones, con los ciudadanos y con las generaciones futuras". Además, aseguró que "se está avanzando en la senda de la consolidación autonómica". Sin embargo, sus argumentos no han sido entendidos del mismo modo por los nacionalistas catalanes.
La dirigente 'popular' ha defendido que "nuestra norma fundamental es un texto vivo que puede adaptarse según los retos" y que reformar la Constitución es "ponerla en valor". Sin embargo, sus argumentos no han sido entendidos del mismo modo por los nacionalistas catalanes. Ni por CiU -Durán había recordado a los socialistas que la semana pasada no estaban de acuerdo con algo que les ha llevado a reformar la Carta Magna en cuatro días y a los 'populares' que si fuera por alguno de los que están en sus filas, la Constitución ni habría prosperado- ni por ERC.
Duras críticas del resto de grupos
De nada ha servido que socialistas y 'populares' insistieran en la adecuación y necesidad constitucional de la reforma acordada por ambos partidos. Tampoco que reiteraran, sobre todo los 'populares', que no se trata de rebajar el poder de las autonomías. Las críticas del resto de grupos, bien por la forma o por el contenido de la modificación de la Carta Magna, han sido casi unánimes.
Josep Antoni Duran Lleida, de CiU, ha afirmado que la modificación de la Constitución "significa una ruptura del proceso constitucional " y "una agresión en las formas y en los contenidos". Los nacionalistas catalanes advierten de que si la situación no cambia "se producirá un choque de trenes".
Duran Lleida calificó de "esperpéntico" que PSOE y PP hagan "añicos" el consenso constitucional para una decisión que no requiere de una modificación de estas características. "Les ha faltado ética política", ha espetado duramente a los dos grupos mayoritarios después de rebatir cada uno de los puntos expuestos por éstos. Incluidas las referencias de José Antonio Alonso a las modificaciones constitucionales realizadas por otros países. "En Alemania, los lander fueron escuchados", ha argumentado el portavoz catalán.
Especialmente crítico ha sido igualmente en su intervención el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien ha denunciado la "agosticidad" y "alevosía" de una reforma que, según ha dicho, "rompe el consenso constitucional". Llamazares ha subido a la tribuna con una tarjeta colgada en la solapa en la que se podía leer la palabra "referéndum". En su intervención, el diputado ha insistido en que la consulta popular es "ineludible" para avalar esta reforma que ha calificado de auténtico "golpe a la Constitución".
El portavoz de IU se ha dolido de que se les haya "ninguneado" y de que se haya emprendido "un desvarío, veraniego, pero un desvarío". "Da la impresión de que hemos estado en una fiesta" y luego nos arrepentimos en una suerte de "calvinismo constitucional". "La mayoría de la población, no ha participado en su fiesta", ha dicho Llamazares, que también ha mencionado la ruptura constitucional.
Llamazares ha animado al resto de diputados a la rebelión con el argumento de que se reconozca la dignidad parlamentaria y que se les trate como parlamentarios y no como borregos. "Para lo que queda en el convento, lo que podemos hacer es un apto de dignidad y decir que de esta manera no".
Por su parte, Joan Ridao ha reprochado a los partidos mayoritarios "que sólo se pueda manosear y reformar la Constitución" cuando ellos quieren. "Cuando queremos introducir asuntos como la autodeterminación o la república, se nos estigmatiza", ha dicho el dirigente de ERC, que ha anunciado el voto negativo de su formación.
Mientras, Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, argumentó que "si la reforma constitucional, antaño tan grave y difícil, se ha convertido de repente en algo tan nimio y trivial como lo que estamos viendo estos días", también ellons harán su "propia propuesta". Erkoreka no ha precisado el contenido de esta propuesta aunque los dirigentes de su partido, cuando el presidente del Gobierno realizó el anuncio de la reforma, anunciaron su intención de incluir el derecho de autodeterminación.
Para el PNV esta modificación supone "un atropello en toda regla" de los procedimientos democráticos, es irrespetuoso con la estructura del Estado, es "ineficaz" porque "ni hace todo lo que pedían los mercados ni garantiza a las administraciones públicas que podrán seguir utilizando todas las herramientas fiscales de las que disponían hasta ahora". Además, ha añadido que es "innecesaria" y es "antieuropea".
Para el portavoz del PNV, "no es buen síntoma" que las mayorías "apliquen el rodillo y atropellen a las minorías". Por todo ello los nacionalstas vascos han anunciado una reforma propia vía enmienda.
En cuanto al resto de partidos, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha emplazado a "todos los diputados demócratas" a que tengan "la valentía" de dar el paso y suscribir la convocatoria de un referéndum. La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, quien se ha incorporado al Pleno del Congreso tras un periodo de baja por enfermedad, ha rechazado la reforma constitucional, que ha considerado "inadmisible desde el sentido común". Por su parte, el diputado de UPN, Carlos Salvador ,ha considerado que "lo mejor" de esta reforma es que el PSOE y el PP se hayan puesto de acuerdo.
Una décima parte para que haya referéndum
La inclusión del límite del gasto público en la Constitución comienza así un fugaz camino por el Congreso que culminará, si no hay cambios drásticos, el viernes con su aprobación definitiva. Y una semana después, en el Senado.
Los grupos tendrán 48 horas de plazo -entre el miércoles y el jueves- para registrar enmiendas y el viernes se hará la votación definitiva. Según el artículo 167 de la Carta Magna, los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras que, en principio, suman los dos grupos que han impulsado la reforma, PSOE y PP.
Una vez que la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución salga el viernes del Congreso, seguirá su trámite en el Senado, donde previsiblemente será sometida a votación el martes o el miércoles de la próxima semana.
El texto constitucional establece que, aprobada la reforma por las Cortes, se abre entonces un plazo de 15 días tras el cual si una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras así lo solicita deberá ser sometido a referéndum.
